_ Es necesario que todas las instituciones del Estado mexicano impulsen la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) y de niñas, sostuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la décima novena reunión del Grupo Interinstitucional de Prevención del Embarazo Adolescente (GIPEA).
Sobre todo -continuó— se cuente con la participación activa de las secretarias de de Educación Pública y de Salud, así como también de los gobernadores, gobernadora y a la jefa de gobierno. Y como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluir la participación efectiva del sector a quien va dirigida una política pública.
El objetivo del Estado mexicano, puntualizó la titular de Gobernación, es hacer frente a esta problemática de manera integral y coordinada “porque es una deuda pendiente que tenemos con nuestras niñas y con nuestras adolescentes y lo tenemos que hacer.
A esto “se asocian diversos determinantes sociales que acentúan, sin duda alguna, las desigualdades sociales y obstaculizan el aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo de este grupo de población vulnerable”.
Por ello, la secretaria Olga Sánchez Cordero, dio lectura al decálogo de compromisos que asumen los integrantes del GIPEA para garantizar la continuidad y logro de los objetivos de la ENAPEA.
Impulsar y fortalecer la implementación de la ENAPEA desde un enfoque del respeto irrestricto a los derechos humanos, en particular a los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes. Robustecer la coordinación intersectorial e interinstitucional, así como consolidar los esfuerzos locales para prevenir el embarazo en adolescentes a través del fortalecimiento de los grupos estatales para la prevención del embrazado de adolescentes. Gestionar la asignación de recursos presupuestales etiquetados para la ejecución del ENAPEA, en donde el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) destinará una parte de su presupuesto. Incrementar la oferta y la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva para niñas, niños y adolescentes, en donde se debe hacer realidad lo establecido por la norma NOM 047, para garantizar una vida sexual libre e informada, y sobre todo garantizar la corresponsabilidad del varón. Prevenir, atender, y sancionar la violencia contra las niñas y las adolescentes, garantizando que aquellas con un embarazo, producto de la violencia sexual puedan acceder a la Interrupción legal y voluntaria bajo los criterios que señala la norma NOM 046 y la Ley General de Víctimas. Reforzar las estrategias de difusión de información y campañas educativas sobre los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes orientadas a prevenir el embarazo en adolescentes de 15 a 19 años, retrasar el segundo embarazo en ese mismo grupo poblacional; y erradicarlo en menores de 15 años. Incorporar la participación efectiva de las niñas, niños y adolescentes, en el diseño, ejecución y evaluación de las acciones para la prevención del embarazo en adolescentes y la erradicación del embarazo infantil. Consolidar la instrumentación de mecanismos con perspectiva de derechos de niñez, adolescencia, juventud, de género, de interculturalidad y de no discriminación. Fortalecer los planes y programas de estudio de educación sexual, integral y reproductiva. Impulsar mecanismos para la rendición de cuentas, garantizando evaluaciones periódicas de la ENAPEA.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exhortó a los presentes a que los compromisos que se generen se traduzcan en acciones puntuales por parte de las instituciones y de las organizaciones de la sociedad civil. Subrayó que el compromiso mayor es por parte de las instituciones del Estado para el beneficio y desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes del país.
Asistieron el secretario ejecutivo del SIPINNA, Ricardo Bucio Mújica; la presidenta del Instituto Nacional para las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermman. Del Consejo Nacional de Población estuvieron el director general de Programas de Población y Asuntos Internacionales, Horacio de Jesús Cantú Hernández y la directora general de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva. Y también las evaluadoras de la ENAPEA por parte de Eurosocial, Mariana González Pírez y Silvina Ramos.
