El PAN en la Ciudad de México calificó como un “impuesto disfrazado de derecho de piso” la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala el cobro del 2% a las aplicaciones de reparto por el uso de la infraestructura urbana de la capital. La dirigencia local y legisladores federales del partido afirmaron que esta contribución terminará impactando directamente en los bolsillos de los usuarios y en los ingresos de los repartidores.

La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña, afirmó que la medida es discriminatoria al aplicarse únicamente a plataformas digitales como Uber, Rappi y Didi, pero no a taxis tradicionales ni a comercios con repartidores propios. Sostuvo que, pese a que el Gobierno de la Ciudad de México asegura que el costo no se trasladará, las aplicaciones ya han aumentado tarifas y reducido promociones para absorber el nuevo cargo.

La dirigente panista aseguró que cada viaje o entrega podría costar entre dos y cinco pesos adicionales. A esta postura se sumó el diputado federal Héctor Saúl Téllez Hernández, quien advirtió que los repartidores verán reducidas sus ganancias netas entre cinco y ocho por ciento, afectando a miles de trabajadores que dependen de este esquema para subsistir. El legislador recordó que las plataformas ya pagan IVA e ISR, por lo que calificó la nueva carga como “doble tributación”.

Téllez Hernández también criticó el cambio de criterio de la SCJN, que en junio de 2025 consideró inconstitucional el impuesto y cinco meses después lo avaló. Señaló que este tipo de señales genera incertidumbre y puede desalentar nuevas inversiones en la capital del país, además de incentivar que las empresas consideren mudarse al Estado de México u otras entidades.

El PAN CDMX advirtió que el resultado de esta decisión serán viajes y entregas más costosas, menos ingresos para los repartidores y un entorno menos competitivo para plataformas digitales, lo que podría afectar el empleo y la economía digital en la capital.