La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró siete predios en Yucatán, Campeche y Quintana Roo por la remoción ilegal de vegetación en selvas protegidas. Estas acciones se desarrollaron entre el 28 de mayo y el 14 de junio de 2025 en zonas donde se ha detectado la expansión de actividades agroindustriales por parte de comunidades menonitas, especialmente asociadas al cultivo de soya y el uso intensivo de plaguicidas.

Los operativos permitieron constatar el cambio de uso de suelo sin autorización en 2,608.9 hectáreas de selva, transformadas en monocultivos. En Campeche, se detectaron nueve áreas afectadas en Hopelchén y Calakmul; en Quintana Roo, los desmontes ilegales se ubicaron en José María Morelos y Othón P. Blanco, y en Yucatán, el municipio de Tekax registró terrenos donde incluso se utilizó fuego para eliminar vegetación.

Entre los bienes asegurados por Profepa destacan maquinaria pesada, torres agrícolas, tractores, una cosechadora y madera en rollo. En Quintana Roo se retiraron más de mil metros cúbicos de especies nativas como caoba, palma chit y zamia, muchas de ellas enlistadas bajo protección oficial. Las inspecciones se llevaron a cabo con apoyo del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales, a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, advirtió que el modelo de expansión agroindustrial menonita representa un problema ambiental grave en la región, al favorecer el uso intensivo de químicos y el desmonte de selvas sin considerar su valor ecológico y las especies en riesgo. También destacó que estas prácticas contravienen la legislación forestal vigente y ponen en riesgo la biodiversidad de la Península de Yucatán.

Profepa reiteró que continuará con las acciones de vigilancia ambiental en estos estados para frenar la deforestación ilegal y preservar las zonas forestales. Las clausuras impuestas son temporales, en tanto se determina la responsabilidad jurídica y administrativa de quienes realizaron estos desmontes sin contar con la autorización correspondiente de la Semarnat.