_ La Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México firmó un acuerdo de colaboración con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y el Comercio de Canadá (United Food Commercial Workers of Canada, UFCW) para salvaguardar los derechos de los trabajadores agrícolas mexiquenses que buscan oportunidades laborales en aquel país. Este convenio refuerza el compromiso de mantener un flujo migratorio regulado y responsable, a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México–Canadá (PTAT), con el fin de ofrecer mejores condiciones laborales y mayor protección a quienes viajan para laborar temporalmente en el sector agroalimentario.
Durante la firma del acuerdo, celebrada en Toluca, el secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete, destacó la importancia de defender los derechos de los migrantes laborales y reconoció la valiosa contribución de quienes viajan al extranjero para trabajar. Subrayó que la administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez está comprometida en asegurar que la migración laboral no sea sinónimo de explotación, sino un medio para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
Por su parte, Pedro Godoy, director regional para las provincias del Oeste de Canadá y para América Latina y México de UFCW Canadá, enfatizó el valor de garantizar condiciones justas y dignas para los participantes en el PTAT. Señaló que con la firma de este convenio se busca fortalecer los mecanismos de protección de los trabajadores, así como promover prácticas que impulsen el desarrollo personal y profesional de los participantes en el programa.
En el acto también estuvieron presentes Pedro Moctezuma Barragán, secretario del Agua del Gobierno del Estado de México, y Max Correa Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Central Campesina Cardenista, quienes refrendaron su respaldo a esta iniciativa. Con el convenio, se sientan las bases para que más trabajadores mexiquenses puedan laborar en Canadá con la seguridad de contar con respaldo legal y laboral, contribuyendo así al bienestar económico y social de las familias y comunidades de origen.
