Rubén Rocha Moya negocia su entrega a Estados Unidos tras acusaciones de nexos con Los Chapitos, revela Jesús Lemus
_ El periodista Jesús Lemus Barajas reveló que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, sostiene conversaciones con autoridades de Estados Unidos para negociar su posible entrega. De acuerdo con la información difundida el 21 de julio de 2026, estas gestiones se originaron luego de que el Departamento de Justicia estadounidense vinculara al exmandatario con "Los Chapitos", una facción del Cártel de Sinaloa. Lemus detalló que durante el fin de semana uno de los abogados de Rocha Moya contactó a la fiscalía federal para explorar los términos de una rendición negociada.
El periodista sugirió que Rocha Moya evalúa la posibilidad de convertirse en testigo protegido, lo que implicaría proporcionar información sobre otros implicados en actividades ilícitas. Este movimiento se da en un contexto donde dos exfuncionarios cercanos al gobernador, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, ya se entregaron a las autoridades estadounidenses. Ambos enfrentan cargos por presunta protección a "Los Chapitos" y conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos.
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia presentó una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa. Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión y uso de armas de fuego de alto poder, y protección institucional a la organización criminal. Se alega que Rocha Moya recibió apoyo de "Los Chapitos" durante su campaña electoral para la gubernatura en 2021, lo que habría facilitado su ascenso al poder a cambio de beneficios administrativos.
Investigaciones periodísticas señalan que Rocha Moya habría entregado a "Los Chapitos" el control de las Juntas Municipales de Agua Potable en Culiacán, Mazatlán y Guamúchil, así como la administración de distritos de riego agrícola de la Conagua. Estas concesiones se interpretan como una retribución por el presunto financiamiento de su campaña, lo que evidencia una penetración del crimen organizado en estructuras gubernamentales clave para el estado.
La posible entrega de Rocha Moya a las autoridades estadounidenses representa un giro significativo en el caso, con implicaciones para la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en México. Este proceso también podría afectar las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, al exponer la colusión de altos funcionarios con organizaciones criminales. La evolución de las negociaciones será seguida de cerca por actores políticos y judiciales de ambos países.
El periodista sugirió que Rocha Moya evalúa la posibilidad de convertirse en testigo protegido, lo que implicaría proporcionar información sobre otros implicados en actividades ilícitas. Este movimiento se da en un contexto donde dos exfuncionarios cercanos al gobernador, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, ya se entregaron a las autoridades estadounidenses. Ambos enfrentan cargos por presunta protección a "Los Chapitos" y conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos.
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia presentó una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa. Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión y uso de armas de fuego de alto poder, y protección institucional a la organización criminal. Se alega que Rocha Moya recibió apoyo de "Los Chapitos" durante su campaña electoral para la gubernatura en 2021, lo que habría facilitado su ascenso al poder a cambio de beneficios administrativos.
Investigaciones periodísticas señalan que Rocha Moya habría entregado a "Los Chapitos" el control de las Juntas Municipales de Agua Potable en Culiacán, Mazatlán y Guamúchil, así como la administración de distritos de riego agrícola de la Conagua. Estas concesiones se interpretan como una retribución por el presunto financiamiento de su campaña, lo que evidencia una penetración del crimen organizado en estructuras gubernamentales clave para el estado.
La posible entrega de Rocha Moya a las autoridades estadounidenses representa un giro significativo en el caso, con implicaciones para la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en México. Este proceso también podría afectar las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, al exponer la colusión de altos funcionarios con organizaciones criminales. La evolución de las negociaciones será seguida de cerca por actores políticos y judiciales de ambos países.
