Salud celebra derogación del delito de peligro de contagio; avance en derechos humanos
_ La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Hepatitis (CENSIDA), reconoció la derogación del delito “Del peligro de contagio” como un avance congruente con un enfoque de salud pública basado en evidencia científica, derechos humanos y compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
De acuerdo con la dependencia, la experiencia nacional e internacional demuestra que penalizar una condición de salud no reduce las nuevas infecciones ni fortalece las estrategias de prevención. Por el contrario, el temor a consecuencias legales, sumado al estigma y la discriminación, puede desalentar la realización voluntaria de pruebas, el acceso a herramientas de prevención y tratamiento, así como la vinculación oportuna a los servicios de salud, en perjuicio tanto de las personas como de la salud pública.
Diversos organismos nacionales, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como organismos internacionales como ONUSIDA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han señalado que la criminalización asociada a determinadas condiciones de salud puede generar efectos adversos en las estrategias de prevención y control epidemiológico. Esto refuerza el estigma y la discriminación, desalienta la realización voluntaria de pruebas diagnósticas y limita el acceso oportuno a los servicios de atención y tratamiento.
La política nacional de respuesta al VIH se sustenta en el acceso universal a la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral, con pleno respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas. La evidencia científica es concluyente: una persona que vive con VIH, recibe tratamiento antirretroviral y mantiene de forma sostenida una carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual, principio reconocido internacionalmente como “Indetectable = Intransmisible (I=I)”.
La Secretaría de Salud subrayó que los marcos normativos deben evolucionar conforme al conocimiento científico y no al estigma. La derogación del delito representa una oportunidad para fortalecer un modelo de salud pública que promueva la corresponsabilidad, la educación integral en salud sexual y el acceso a herramientas de prevención como el uso del condón, la profilaxis preexposición (PrEP), la profilaxis postexposición (PEP), las pruebas de detección y el tratamiento oportuno.
Asimismo, esta medida contribuye a generar entornos más seguros e inclusivos para que las personas puedan conocer su estado serológico y vincularse a los servicios de salud sin temor a ser estigmatizadas o criminalizadas. Esto favorece el cumplimiento de las metas nacionales e internacionales para poner fin al VIH como problema de salud pública.
La dependencia reiteró la necesidad de consolidar una respuesta integral que coloque a las personas en el centro de las políticas públicas, fortalezca la prevención combinada y reduzca las desigualdades que limitan el acceso efectivo a servicios de salud libres de discriminación. Estas acciones requieren la participación coordinada de los tres poderes del Estado, con una contribución relevante del Poder Legislativo para impulsar marcos normativos que protejan los derechos de todas las personas, independientemente de su condición de salud.
Finalmente, la Secretaría de Salud concluyó que la protección de la salud pública se fortalece mediante el acceso a la información, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el respeto irrestricto de los derechos humanos; no mediante la criminalización de las personas por su condición de salud.
De acuerdo con la dependencia, la experiencia nacional e internacional demuestra que penalizar una condición de salud no reduce las nuevas infecciones ni fortalece las estrategias de prevención. Por el contrario, el temor a consecuencias legales, sumado al estigma y la discriminación, puede desalentar la realización voluntaria de pruebas, el acceso a herramientas de prevención y tratamiento, así como la vinculación oportuna a los servicios de salud, en perjuicio tanto de las personas como de la salud pública.
Diversos organismos nacionales, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como organismos internacionales como ONUSIDA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han señalado que la criminalización asociada a determinadas condiciones de salud puede generar efectos adversos en las estrategias de prevención y control epidemiológico. Esto refuerza el estigma y la discriminación, desalienta la realización voluntaria de pruebas diagnósticas y limita el acceso oportuno a los servicios de atención y tratamiento.
La política nacional de respuesta al VIH se sustenta en el acceso universal a la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral, con pleno respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas. La evidencia científica es concluyente: una persona que vive con VIH, recibe tratamiento antirretroviral y mantiene de forma sostenida una carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual, principio reconocido internacionalmente como “Indetectable = Intransmisible (I=I)”.
La Secretaría de Salud subrayó que los marcos normativos deben evolucionar conforme al conocimiento científico y no al estigma. La derogación del delito representa una oportunidad para fortalecer un modelo de salud pública que promueva la corresponsabilidad, la educación integral en salud sexual y el acceso a herramientas de prevención como el uso del condón, la profilaxis preexposición (PrEP), la profilaxis postexposición (PEP), las pruebas de detección y el tratamiento oportuno.
Asimismo, esta medida contribuye a generar entornos más seguros e inclusivos para que las personas puedan conocer su estado serológico y vincularse a los servicios de salud sin temor a ser estigmatizadas o criminalizadas. Esto favorece el cumplimiento de las metas nacionales e internacionales para poner fin al VIH como problema de salud pública.
La dependencia reiteró la necesidad de consolidar una respuesta integral que coloque a las personas en el centro de las políticas públicas, fortalezca la prevención combinada y reduzca las desigualdades que limitan el acceso efectivo a servicios de salud libres de discriminación. Estas acciones requieren la participación coordinada de los tres poderes del Estado, con una contribución relevante del Poder Legislativo para impulsar marcos normativos que protejan los derechos de todas las personas, independientemente de su condición de salud.
Finalmente, la Secretaría de Salud concluyó que la protección de la salud pública se fortalece mediante el acceso a la información, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el respeto irrestricto de los derechos humanos; no mediante la criminalización de las personas por su condición de salud.
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