Busca sentar las bases en la regulación del contacto entre servidores públicos y particulares en esos procedimientos. En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del organismo, realizada a distancia, resalta la importancia de que el documento sea vinculante para todos los órdenes de gobierno.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros presentó esta tarde el proyecto de Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, elaborado por la Función Pública, ante durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En reunión a distancia realizada esta tarde, la secretaria Sandoval Ballesteros afirmó que es un documento fundamental que sentará las bases en la regulación del contacto entre personas servidoras públicas con particulares en los procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

Manifestó que el protocolo “ayudará a que ya no haya más simulaciones. En el pasado los protocolos en la materia establecían obligaciones no vinculantes, y por lo que las disposiciones quedaban en recomendaciones que no se cumplían y se convertían en letra muerta. Ahora estamos proponiendo que sea vinculante para todos los órdenes de gobierno”.

“Se trata de un protocolo de carácter vinculante, que rija la actuación de las personas servidoras públicas en cualquier procedimiento de contratación, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, y que prevenga los conflictos de interés”, aseveró.

Afirmó que “el protocolo que tendrá que emitir el Comité Coordinador del SNA repercutirá en todos los órdenes de gobierno, estableciendo criterios generales para la observancia por parte de los entes públicos, así como la vigilancia por parte de la Función Pública, por sus homólogas en las entidades federativas y por los Órganos Internos de Control de los organismos autónomos”.

La secretaria Sandoval Ballesteros indicó que “un aspecto relevante del protocolo es la presentación de un manifiesto por el que los particulares se encuentran obligados a declarar los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales y familiares que puedan tener con personas servidoras públicas de alto nivel de los entes públicos”.

Detalló que también se presentaron propuestas de de formato del manifiesto, una para personas físicas y otra para personas morales, y se propone establecer un medio electrónico para que los particulares presenten su manifestación de vínculos, y que dichos manifiestos puedan ser consultados por los responsables de las áreas de contrataciones públicas en cada procedimiento, para poder revisar y verificar que los particulares que participan existan y no tengan un conflicto de interés con las personas servidoras públicas.

Ante el pleno del Comité Coordinador del SNA, señaló que el documento incorpora las mejores prácticas internacionales para detectar situaciones de conflictos de intereses y establece criterios generales para su observancia por parte de los entes públicos de todos los órdenes de gobierno.

Además, dijo que incorpora reglas para vigilar y transparentar las comunicaciones telefónicas, reuniones virtuales y presenciales, visitas y actos públicos, y reglas para el contacto entre personas servidoras públicas que intervienen en la tramitación, atención y resolución de la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, además de la posibilidad de videograbar los eventos de contacto entre particulares y servidores públicos en caso de que los procedimientos de contrataciones rebasen determinado monto.

La secretaria Sandoval Ballesteros refirió que esta propuesta de protocolo se suma a los mecanismos de detección temprana que permite a las personas servidoras públicas, en fortalecimiento a la nueva ética impulsada por el gobierno federal, identificar y gestionar oportunamente los conflictos de intereses y monitorear a las empresas que pretenden participar en procedimientos de contrataciones públicas, con la finalidad de prevenir hechos de corrupción.

Manifestó que se trata de un importante esfuerzo para coordinar la lucha contra la corrupción entre las distintas autoridades de todos los órdenes de gobierno, principalmente, en los procedimientos de contrataciones públicas.

“Tenemos una deuda con la ciudadanía, no más abuso en el uso de los recursos públicos. Este instrumento robustece nuestra tarea de identificar e investigar oportunamente los conflictos de intereses, para prevenir los actos de corrupción”, aseveró.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SNA también se presentaron la Metodología para el diseño del Programa de implementación de la Política Nacional Anticorrupción, el Informe sobre el proceso para la elaboración del Anteproyecto de metodología de seguimiento y evaluación de la Política Nacional Anticorrupción, y el Informe de avances de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción en el desarrollo de la Plataforma Digital Nacional.

Respecto al éste último punto, la secretaria Sandoval Ballesteros expuso que desde la Función Pública que “nuestras áreas de tecnologías han sumado esfuerzos para lograr la puesta en marcha de las versiones preliminares del Sistema de los servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, y del Sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados, con información pública generada por el Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP) y el Sistema del Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS)”.

Llamó a los integrantes del Comité Coordinador del SNA a establecer un grupo de trabajo que permita analizar, discutir, para posteriormente aprobar esta propuesta de protocolo.

En la sesión también participaron Loretta Ortiz Ahlf, consejera del Consejo de la Judicatura Federal; María de la Luz Mijangos Borja, fiscal especializada en Combate a la Corrupción; Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Rafael Anzures Uribe, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana del SNA.