Inauguran módulos de atención y orientación en la sede de la Secretaría de Educación Pública, para que los más de 93 mil trabajadores del sector realicen su declaración. La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros afirma que presentar la declaración patrimonial y de intereses no es sólo una obligación constitucional, sino sobre todo un deber ético. Representa también un deber moral, en el que las y los maestros por su formación se han distinguido por cumplir con sus obligaciones, señala la secretaria Delfina Gómez Álvarez.

Las secretarias de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, abrieron hoy dos módulos de atención y orientación para que los trabajadores del sector educativo presenten su declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación, correspondiente al ejercicio 2021.

En la sede de la SEP, y en el marco de la estrategia que la Función Pública ha lanzado para apoyar a las personas servidoras públicas a cumplir con esta obligación constitucional, la secretaria Sandoval Ballesteros aseveró que el futuro de un país se construye sobre los hombros de las personas que se paran frente a un salón de clases o, como nos obliga la actual contingencia sanitaria por Covid-19, quienes siguen enseñando a la distancia.

Aseveró que “las y los maestros nos inspiran a querer ir más lejos; nos inculcan el hambre de saber y el deseo de ser alguien que aporte a nuestra comunidad. Ese espíritu educativo, en tiempos de transformación, es más valioso, porque quienes dedicamos nuestra vida al servicio público tenemos que predicar con el ejemplo”.

Por ello, afirmó que presentar la declaración patrimonial y de intereses no es sólo una obligación legal establecida en la Constitución, “es, ante todo, un deber ético con el cual estamos confirmando que las y los servidores públicos somos gente honesta, transparente y que rinde cuentas”. Por ello, llamó al personal del sector educativo a realizar su declaración patrimonial lo más pronto posible, “porque en tiempos de cambio el ejemplo va por delante”.

Manifestó que “declararnos por la transparencia es ser parte de la transformación de nuestro país”, y recordó que en 2020, de poco más de 93 mil servidores públicos obligados en el sector educación, se recibieron más de 85 mil declaraciones patrimoniales, es decir, hubo un cumplimiento de 91.5%.

Por su parte, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, exhortó a todos los integrantes del Sistema Educativo Nacional a cumplir con esta obligación que se tiene, este mes de mayo, para contribuir con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Sostuvo que además de ser una obligación legal que tienen las personas servidoras públicas, representa también una obligación moral, en donde por su formación las y los maestros se han distinguido por cumplir con sus obligaciones.

En este sentido, Gómez Álvarez, reconoció particularmente el apoyo que brinda la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, para cumplir con esta tarea que, unidos se podrá lograr, subrayó.

Por lo que reiteró el llamado para presentar en tiempo y forma la declaración patrimonial y de intereses respectiva, en el marco de la construcción que se está llevando a cabo de una nueva ética pública.

El 1° de mayo inició el periodo para que la y los servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF) cumplan con la obligación constitucional de presentar su declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación.

En 2020 fue la primera ocasión en la que todas y todos los servidores públicos debieron cumplir con este ejercicio de rendición de cuentas y prevención de la corrupción, por lo que la Función Pública recibió más de 1.3 millones de declaraciones de modificación patrimonial.

Para cumplir con esta rendición de cuentas deben ingresar a la plataforma de DeclaraNet (www.declaranet.gob.mx), donde podrán realizar su declaración patrimonial hasta el último día de mayo.

Esta información es de carácter público para fines meramente informativos, en estricto cumplimiento a lo expuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 21 de la Ley General de Comunicación Social.