Semarnat inaugura foro para fortalecer la legislación ambiental en México
_ La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inauguró el Foro Nacional: Retos, oportunidades y propuestas para el fortalecimiento de la legislación ambiental en México, celebrado en la Cámara de Diputados. En el encuentro, la subsecretaria de Regulación Ambiental, Ileana Villalobos Estrada, destacó la importancia de fortalecer el marco jurídico para atender los principales retos ambientales del país, y celebró la actualización de las leyes en materia de agua, así como la creación de la nueva Ley General de Economía Circular. Subrayó que “es ya prioritaria la actualización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)”.
Villalobos Estrada remarcó: “Debemos atajar los problemas ambientales que tiene nuestro país y proteger el ambiente que es tarea de todos. Nuestro país hoy tiene esta LGEEPA que tenemos que modernizar y adecuarla a las nuevas circunstancias ambientales y de recursos naturales”. Explicó que, de la mano de la política ambiental de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria Alicia Bárcena Ibarra ha liderado desde la Semarnat, junto con sus órganos desconcentrados y descentralizados, la formulación de propuestas de reforma robustas para el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales.
La subsecretaria puso como ejemplo la nueva Ley General de Economía Circular, que impulsa el andamiaje institucional para avanzar significativamente en materia de reutilización, reciclaje y valorización de los residuos. Precisó que también hay que revisar la Ley General de Cambio Climático (LGCC): “México trata de estar al día en las obligaciones internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y otras relativas a la biodiversidad y a las sustancias químicas; tenemos diversas obligaciones con relación al manejo adecuado y a la reducción de las sustancias químicas, en particular del mercurio”. Anticipó la propuesta de creación de otras medidas de conservación como los corredores biológicos, terrestres y marinos, paisajes bioculturales y unidades de manejo de la vida silvestre, previstas en la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).
El coordinador de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, René Sánchez Galindo, puntualizó que la actualización de los instrumentos de la política de medio ambiente y recursos naturales, como la evaluación de impacto ambiental, es primordial para avanzar en la sustentabilidad del desarrollo con bienestar. Detalló que la evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica van de la mano en el proceso de autorización del Gobierno. “El dictamen de la evaluación ambiental estratégica establece con un rigor técnico qué nivel de autorización de impacto ambiental o incluso de aviso se requiere dentro de un proyecto; el gobierno es la instancia que le da impulso, y por esta vía, la Semarnat decide en torno a esta evaluación estratégica porque se trata de una política pública”, explicó.
Por su parte, el subprocurador de Litigio Estratégico y Justicia Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Marco Esquivel, afirmó que, así como la autoridad, los empresarios deben tener como premisa el concepto de previsión y velar por el respeto al medio ambiente y los ecosistemas. “Anticipar y no esperar a que se presente el daño. Con la tecnología que existe actualmente ya es factible identificar dónde puede haber afectaciones. El Estado y también las empresas deben actuar con diligencia con una tarea a partir de la prevención”, indicó.
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, secretario de la Comisión de Medio Ambiente, señaló que durante 25 años el país ha sufrido un constante deterioro de los recursos naturales y ha perdido cinco millones de hectáreas arboladas. Sostuvo que quien dañe los recursos naturales debe pagar las consecuencias y restaurar. Asimismo, llamó a distribuir competencias entre Federación, entidades federativas y municipios, así como regular la evaluación del impacto ambiental.
Señaló la necesidad de crear instrumentos como el ordenamiento ecológico del territorio y ofrecer sustento jurídico a la conservación de la biodiversidad, la protección de las áreas naturales protegidas y la prevención y control de la contaminación. En ese sentido, consideró necesario actualizar la responsabilidad de los municipios en el cambio de uso de suelo, del crecimiento urbano desordenado y de la contaminación de los cuerpos de agua, pues la gran mayoría no ha hecho planeación con un programa de ordenamiento ecológico del territorio.
El foro se celebró en la Cámara de Diputados con el propósito de fortalecer el marco legal ambiental en México. Las propuestas presentadas buscan entregar a la sociedad instrumentos normativos acordes con las nuevas circunstancias ambientales y de recursos naturales, en línea con la política ambiental del Gobierno federal. Ciudad de México, 06 de agosto de 2026. Comunicado No. 170.
Villalobos Estrada remarcó: “Debemos atajar los problemas ambientales que tiene nuestro país y proteger el ambiente que es tarea de todos. Nuestro país hoy tiene esta LGEEPA que tenemos que modernizar y adecuarla a las nuevas circunstancias ambientales y de recursos naturales”. Explicó que, de la mano de la política ambiental de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria Alicia Bárcena Ibarra ha liderado desde la Semarnat, junto con sus órganos desconcentrados y descentralizados, la formulación de propuestas de reforma robustas para el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales.
La subsecretaria puso como ejemplo la nueva Ley General de Economía Circular, que impulsa el andamiaje institucional para avanzar significativamente en materia de reutilización, reciclaje y valorización de los residuos. Precisó que también hay que revisar la Ley General de Cambio Climático (LGCC): “México trata de estar al día en las obligaciones internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y otras relativas a la biodiversidad y a las sustancias químicas; tenemos diversas obligaciones con relación al manejo adecuado y a la reducción de las sustancias químicas, en particular del mercurio”. Anticipó la propuesta de creación de otras medidas de conservación como los corredores biológicos, terrestres y marinos, paisajes bioculturales y unidades de manejo de la vida silvestre, previstas en la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).
El coordinador de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, René Sánchez Galindo, puntualizó que la actualización de los instrumentos de la política de medio ambiente y recursos naturales, como la evaluación de impacto ambiental, es primordial para avanzar en la sustentabilidad del desarrollo con bienestar. Detalló que la evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica van de la mano en el proceso de autorización del Gobierno. “El dictamen de la evaluación ambiental estratégica establece con un rigor técnico qué nivel de autorización de impacto ambiental o incluso de aviso se requiere dentro de un proyecto; el gobierno es la instancia que le da impulso, y por esta vía, la Semarnat decide en torno a esta evaluación estratégica porque se trata de una política pública”, explicó.
Por su parte, el subprocurador de Litigio Estratégico y Justicia Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Marco Esquivel, afirmó que, así como la autoridad, los empresarios deben tener como premisa el concepto de previsión y velar por el respeto al medio ambiente y los ecosistemas. “Anticipar y no esperar a que se presente el daño. Con la tecnología que existe actualmente ya es factible identificar dónde puede haber afectaciones. El Estado y también las empresas deben actuar con diligencia con una tarea a partir de la prevención”, indicó.
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, secretario de la Comisión de Medio Ambiente, señaló que durante 25 años el país ha sufrido un constante deterioro de los recursos naturales y ha perdido cinco millones de hectáreas arboladas. Sostuvo que quien dañe los recursos naturales debe pagar las consecuencias y restaurar. Asimismo, llamó a distribuir competencias entre Federación, entidades federativas y municipios, así como regular la evaluación del impacto ambiental.
Señaló la necesidad de crear instrumentos como el ordenamiento ecológico del territorio y ofrecer sustento jurídico a la conservación de la biodiversidad, la protección de las áreas naturales protegidas y la prevención y control de la contaminación. En ese sentido, consideró necesario actualizar la responsabilidad de los municipios en el cambio de uso de suelo, del crecimiento urbano desordenado y de la contaminación de los cuerpos de agua, pues la gran mayoría no ha hecho planeación con un programa de ordenamiento ecológico del territorio.
El foro se celebró en la Cámara de Diputados con el propósito de fortalecer el marco legal ambiental en México. Las propuestas presentadas buscan entregar a la sociedad instrumentos normativos acordes con las nuevas circunstancias ambientales y de recursos naturales, en línea con la política ambiental del Gobierno federal. Ciudad de México, 06 de agosto de 2026. Comunicado No. 170.
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