La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Profesiones (DGP), implementó desde noviembre de 2024 la Jornada Nacional de Revisión Documental (JNRD) con el propósito de garantizar que alumnas, alumnos, egresadas, egresados y profesionistas ejerzan su derecho a obtener su título y cédula profesional conforme a la normatividad vigente.

La iniciativa tiene un enfoque preventivo y correctivo, no sancionador, y se realiza bajo principios de colaboración institucional. Busca fortalecer la legalidad y la transparencia en los procesos de titulación y cédulación profesional, impulsando al mismo tiempo la digitalización de los trámites educativos.

La jornada ha tenido alcance nacional con la participación de 15 mil 64 instituciones educativas —5 mil 898 públicas y 9 mil 166 particulares—, donde se revisaron más de un millón de títulos físicos, seis millones de títulos electrónicos y 3.8 millones de certificados de estudios emitidos entre 2018 y septiembre de 2025. Del total, el 52 por ciento de los títulos físicos y el 48 por ciento de los electrónicos han sido validados correctamente por las instituciones participantes.

La DGP detectó un 24 por ciento de inconsistencias en certificados frente a títulos electrónicos, principalmente por la ausencia del folio de certificado, por lo que continúa brindando acompañamiento técnico a las instituciones para resolver los casos pendientes y fortalecer la trazabilidad de los documentos. Además, la dependencia reiteró que todas las escuelas deben incorporarse al Módulo Electrónico de Titulación (MET), de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, para asegurar procesos ágiles, seguros y transparentes.

De 2018 a la fecha, la SEP ha registrado más de siete millones de títulos electrónicos y más de cuatro millones de cédulas profesionales, lo que refleja su compromiso con la modernización administrativa, la interoperabilidad digital y la eliminación de trámites burocráticos innecesarios. Con estas acciones, la Secretaría reafirma su compromiso con la legalidad, la equidad educativa y la confianza pública, garantizando que el ejercicio profesional en México se base en títulos auténticos y válidos bajo un marco de seguridad digital.