El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, encabezaron la firma de un convenio de colaboración mediante el cual se regularizará la tenencia de la tierra y se brindará certeza jurídica a los planteles públicos de los tres tipos educativos construidos en zonas rurales o ejidales.

Durante la ceremonia, realizada en el Salón José Vasconcelos de la sede histórica de la SEP, y con la participación del titular de la Procuraduría Agraria (PA), Víctor Suárez Carrera, y del director en jefe del Registro Agrario Nacional (RAN), Luis Cruz Nieva, Delgado Carrillo afirmó que la certeza en la tenencia de la tierra contribuirá a garantizar que la educación sea un derecho y no el privilegio de unos cuantos, como lo ha establecido la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Acompañado por el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, el titular de la SEP agregó que este convenio también busca evitar que la situación jurídica de la tierra sea un impedimento para que un plantel reciba apoyos del Gobierno de México, como los recursos del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) o la construcción de nueva infraestructura educativa.

“Qué bueno que iniciamos esta tarea el día de hoy porque, además, las comunidades quieren sentir la pertenencia de la escuela, quieren tener esa escuela regularizada y que no haya ningún problema con las inversiones públicas ni con las inversiones del Gobierno”, comentó Delgado Carrillo. Asimismo, afirmó que con estas acciones se cumple el compromiso de la presidenta de México de que nadie se quede sin ir a la escuela por falta de recursos y de contar con planteles suficientes, dignos y con certeza jurídica.

La titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, señaló que la firma de este convenio representa un paso importante para atender la situación patrimonial de los planteles educativos públicos establecidos en tierras de propiedad social y, con ello, preservar la riqueza cultural y social vinculada al sector educativo. “Desde la Sedatu entendemos que las políticas públicas se materializan en el territorio, donde convergen la educación, la vivienda, la infraestructura y el desarrollo agrario. Por eso, ordenar jurídicamente estos inmuebles también contribuye a una mejor planeación territorial y a una actuación pública más responsable”, expresó.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que este trabajo conjunto entre la SEP y la Sedatu, con la participación de la PA y el RAN, tiene como propósito impulsar la regularización y brindar certeza jurídica a los predios donde se ubican planteles educativos asentados en núcleos agrarios, a fin de garantizar que las escuelas cuenten con condiciones legales que permitan fortalecer su planeación, mantenimiento y ampliación de infraestructura.

Subrayó que la falta de regularización de los terrenos puede generar obstáculos para la inversión pública y poner en riesgo el patrimonio educativo. Por ello, explicó, el convenio establece una ruta de trabajo coordinada para otorgar seguridad jurídica a las escuelas públicas, fortalecer el derecho a la educación y brindar mayor certidumbre a las comunidades escolares, asegurando que los espacios educativos cuenten con bases legales sólidas para continuar cumpliendo su misión formativa.

Por su parte, el titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez Carrera, puso a disposición de este convenio la capacidad operativa de la institución, integrada por alrededor de 800 organizadores agrarios y 250 abogados agrarios, con presencia permanente en los 32 mil 500 ejidos y comunidades del país, a través de más de mil 100 Centros de Atención Agraria.

Añadió que, con la experiencia acumulada durante más de tres décadas, este personal contribuirá al cumplimiento del objetivo del convenio: avanzar en la regularización y el otorgamiento de certeza jurídica a los inmuebles educativos ubicados en propiedad social. “Lo haremos con entusiasmo, porque al brindar certeza jurídica también estaremos creando mejores condiciones para que las comunidades rurales accedan a servicios educativos de mayor calidad”.

Suárez Carrera destacó que esta acción marca el inicio de una colaboración más estructural entre el sector agrario y el sector educativo, convencidos de que, en el México de la Cuarta Transformación y en el segundo piso que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, revalorizar lo rural es indispensable para consolidar la transformación del país. “Este convenio es el punto de partida para fortalecer la propiedad social, impulsar el desarrollo de los ejidos y comunidades, y acercar más derechos y oportunidades a la población rural”, enfatizó.

El Convenio Marco suscrito establece una ruta de coordinación para regularizar la situación jurídica de los planteles educativos ubicados en ejidos y comunidades, garantizando el derecho a la educación con pleno respeto a la Ley Agraria y a los derechos de la propiedad social. En este esfuerzo, el RAN contribuirá con la integración, calificación e inscripción de los actos que cumplan con el marco jurídico aplicable, para que los inmuebles destinados a la educación pública cuenten con seguridad y certeza jurídica. Con ello se fortalece la coordinación interinstitucional y se brinda mayor certidumbre tanto a las comunidades agrarias como a las instituciones educativas.