El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso sanciones a 55 personas servidoras públicas y una empresa por faltas graves, derivadas de investigaciones realizadas en Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y diversos Órganos Internos de Control de dependencias federales, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las sanciones incluyen destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas que en conjunto suman más de 100 millones de pesos, de acuerdo con el comunicado oficial.

En Pemex, el TFJA inhabilitó por 10 años y multó con 677 mil pesos a Massiel H., del Hospital Central del Sur en la Ciudad de México, por cobrar en 2025 la prestación de pago de gasolina con documentos que no correspondían al vehículo registrado. También inhabilitó por 10 años y sancionó con 616 mil pesos a Martha E., del área de Ductos en el Estado de México, por no solicitar la baja de un vehículo y seguir cobrando gasolina entre 2019 y 2024. Braulio M., de la Gerencia de Ingeniería y Costos en la Ciudad de México, recibió 10 años de inhabilitación y una multa de 600 mil pesos por simular en 2023 la contratación de tres personas y recibir depósitos por ese monto. Otras sanciones en Pemex incluyen un año de inhabilitación a Juan R. por omitir una deuda de 1.8 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales, y 30 días de suspensión a Sonia B. por autorizar la contratación de su hijo en 2023.

En la CFE, José P., de Gestión Comercial en Sonora, fue inhabilitado por 10 años y multado con 72 mil pesos por pedir 500 pesos a ocho usuarios en 18 ocasiones en 2021 a cambio de no reportar uso indebido de energía eléctrica. Oscar M., de la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez en Chiapas, recibió cuatro años de inhabilitación por hostigar sexualmente a una persona subordinada durante seis meses entre 2020 y 2021. Ignacio C. y Fausto B. fueron suspendidos 60 días por suspender arbitrariamente el pago de pensiones a cinco extrabajadores jubilados en 2018, y Baldemar D. recibió 30 días de suspensión por entregar información fiscal de una universidad a una empresa particular en 2019.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), América M. y Jael L., de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en Morelos, fueron inhabilitadas por 10 años y multadas solidariamente con 10.1 millones de pesos por modificar precios de tóner en 2021 y asignar un contrato por ese monto. Eduardo A. fue destituido y Francisco G. inhabilitado por cuatro meses por emitir actas para asignar ocho contratos sin la documentación debidamente firmada en 2019. Francisco A., del Hospital General Zona 3 en Querétaro, fue inhabilitado un año por acosar sexualmente a una médica residente en 2021.

En Alimentación para el Bienestar, Carlos V., Manuel L. y René G., de las oficinas centrales de la extinta DICONSA en la Ciudad de México, recibieron 10 años de inhabilitación y una multa solidaria de 73.4 millones de pesos por pagar en 2020 por carne sin comprobar su entrega. Los mismos servidores fueron inhabilitados por 10 años en SEGALMEX, junto con la empresa G., que recibió un año de inhabilitación, y una sanción económica solidaria de 16.6 millones de pesos por la compra de atún en 2019 sin acreditar la entrega.

Otras dependencias también aplicaron sanciones. En el Banco del Bienestar, Roberto R. y Karina B. fueron inhabilitados por 10 años y multados con 214 mil pesos por reportar saldos de caja que no coincidían con los reales en 2023, lo que causó un daño patrimonial equivalente. En Aeropuertos y Servicios Auxiliares, María G., del Aeropuerto Internacional de Palenque en Chiapas, fue inhabilitada por 10 años y deberá indemnizar con 80 mil pesos por ausentarse de su trabajo para dar clases entre 2023 y 2024. En la Agencia Nacional de Aduanas de México, Carlos F. fue inhabilitado por cinco años por hostigar y acosar sexualmente a cinco servidoras públicas en 2024.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también informó sobre sanciones por faltas no graves impuestas a servidores públicos de siete dependencias, entre ellas la Secretaría de Economía, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, la Comisión Nacional del Agua, la Financiera para el Bienestar, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría Agraria. Estas incluyen suspensiones de hasta 20 días, destituciones y amonestaciones privadas por conductas como asistir a carreras de caballos en vehículos oficiales, presentar certificados de estudios no válidos, usar equipo de cómputo para ver contenido para adultos en horario laboral y no custodiar documentación, entre otras.

Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que defenderá las determinaciones ante las instancias correspondientes. La dependencia invitó a la ciudadanía a denunciar conductas contrarias a la legalidad, el respeto y la integridad a través del sitio denuncias.gob.mx.