La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, impuso una multa de 171 mil 973 pesos y una inhabilitación por tres meses a la empresa Galmar Proyectos Integrales, S. de R.L. de C.V., por presentar documentación apócrifa en un proceso de contratación pública. La sanción, notificada el pasado 3 de julio de 2026, fue publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el comunicado oficial número 080, la falta ocurrió durante la Adjudicación Directa número AA-12-NCA-012NCA001-N-310-2025, convocada por el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”. El objeto de la contratación era la “Capacitación en Operación Segura y Mantenimiento de Generadores de Vapor Pirotubulares”. La empresa presentó documentos falsos, entre ellos la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, la opinión del cumplimiento en materia de seguridad social y la constancia de situación fiscal relativa a aportaciones patronales y entero de descuentos, supuestamente emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), respectivamente.

Como parte de la sanción, Galmar Proyectos Integrales ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México durante el periodo de inhabilitación. La dependencia federal subrayó que las medidas se emitieron conforme a la ley, considerando criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. La persona moral tiene derecho a impugnar la resolución; no obstante, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió que, en caso de hacerlo, defenderá con firmeza la sanción por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.

Con esta acción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrendó su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. “Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, señaló la dependencia en el comunicado. La publicación en el DOF y la inscripción en el directorio de sancionados buscan garantizar la transparencia y prevenir que otras empresas incurran en prácticas fraudulentas. La ciudadanía puede consultar las actualizaciones del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados en el sitio web oficial de la secretaría.