El gobierno del presidente Donald Trump anunció que revocará la histórica "Regla sin carreteras" de 2001, lo que permitirá abrir más de 23 millones de hectáreas de bosques vírgenes a la tala, minería y construcción de caminos. Esta decisión elimina una de las protecciones ambientales más importantes de las últimas décadas en Estados Unidos, impulsada durante la presidencia de Bill Clinton.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, defendió la medida argumentando que las restricciones eran "obsoletas" y obstaculizaban el aprovechamiento racional de los recursos naturales. La normativa vigente, que protegía un tercio de los bosques nacionales, prohibía actividades como la tala y la minería en zonas consideradas esenciales para la conservación de ecosistemas y la biodiversidad.

La comunidad ambientalista reaccionó con firmeza. Organizaciones como Greenpeace y The Wilderness Society calificaron la medida como un atentado directo contra el medio ambiente. Josh Hicks, portavoz de esta última, señaló que revocar la protección compromete el aire, el agua y los hábitats naturales que benefician a millones de personas y especies cada año. Anunciaron acciones legales para impedir la implementación del decreto.

Esta decisión forma parte de un proceso más amplio impulsado por la Agencia de Protección Ambiental para desmantelar decenas de políticas climáticas adoptadas bajo el mandato del expresidente Joe Biden. Entre ellas se encuentran regulaciones que limitaban las emisiones de dióxido de carbono y promovían la transición energética en plantas de carbón y vehículos.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Donald Trump ha retomado una agenda pro combustibles fósiles, escéptica del cambio climático y contraria a los compromisos internacionales en materia ambiental. La apertura de los bosques vírgenes representa uno de los golpes más significativos a la conservación ambiental en Estados Unidos en lo que va del año.