El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos que avale la ley que prohíbe el ingreso de personas transgénero en las Fuerzas Armadas. Esta acción representa un nuevo intento de institucionalizar una política que ha sido bloqueada por tribunales inferiores, y que ha generado una fuerte reacción entre organizaciones de derechos humanos y sectores de la comunidad LGBTQ.

El procurador general John Sauer presentó el recurso para que el Supremo anule el fallo de un tribunal federal que había suspendido la implementación de dicha ley, argumentando que su paralización pone en riesgo los intereses del Ejército y de la seguridad nacional. La propuesta del Ejecutivo se alinea con otras órdenes firmadas recientemente por Trump, entre ellas la que impide a mujeres trans participar en competencias deportivas femeninas.

Desde su regreso al poder, Trump ha impulsado una serie de reformas que han sido interpretadas como un retroceso en materia de igualdad y derechos civiles. Amnistía Internacional calificó el veto a los militares trans como una violación a la dignidad humana y a los principios constitucionales estadounidenses.

En caso de que el Supremo dé luz verde a esta legislación, miles de personas trans serían expulsadas del Ejército, muchas de las cuales han servido durante años con méritos y sin incidentes. El juez federal Benjamin Settle, que había bloqueado temporalmente la medida, señaló que no existe evidencia que demuestre que la inclusión de personas trans afecte la cohesión o disciplina militar, y enfatizó que se trata de un ataque directo a sus derechos constitucionales.

Además, el Supremo también se encuentra deliberando sobre otro caso sensible para la comunidad LGBTQ: la constitucionalidad de leyes estatales que prohíben bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales y cirugías de afirmación de género en menores de edad. Este contexto confirma el actual escenario de confrontación jurídica y política en torno a los derechos de las personas trans en Estados Unidos.