La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que un juez federal vinculó a proceso a cuatro servidores públicos del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y a un particular, por su presunta participación en la firma ilegal de contratos por más de 11 millones de pesos.

De acuerdo con el comunicado oficial número 073, emitido el 29 de junio de 2026, las investigaciones se centraron en tres contratos para servicios de electromiografía y material de curación de alta especialidad. Dichos contratos fueron suscritos por personal del centro médico entre el 13 de abril y el 1 de junio de 2018, con una empresa que formaba parte del listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). El monto total de los contratos asciende a 11 millones 147 mil 692 pesos.

Tras la denuncia penal presentada por la Secretaría, el órgano jurisdiccional determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra de los imputados. Las personas servidoras públicas señaladas son: José Alfredo “N”, quien fungía como director; Javier “N”, coordinador; Ma. Dolores “N”, subdirectora; y Rodrigo “N”, subdirector. A ellos se les imputa el delito de uso indebido de atribuciones, previsto en el Código Penal Federal. Como medida cautelar, se les impuso la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse periódicamente ante la unidad responsable.

Además, fue vinculada a proceso Cecilia Guadalupe “N”, en su carácter de representante legal de la empresa contratista, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades del Código Penal Federal. La autoridad judicial consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía son suficientes para sostener la acusación y continuar con el proceso penal.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad. En ese sentido, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con compras públicas a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, disponible en el sitio web denuncias.gob.mx. La dependencia subrayó que denunciar no solo es un derecho, sino un deber cívico para proteger los recursos públicos.