El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, organizó el segundo diálogo sectorial titulado “Jóvenes afectados en su derecho a la vivienda por la especulación inmobiliaria”. Este foro, desarrollado por la Secretaría de Vivienda y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, se enmarca dentro de las acciones del Bando 1 “Por una ciudad habitable y asequible, con identidad y arraigo local”, cuyo objetivo es frenar los efectos de la gentrificación en la capital, especialmente en las juventudes.

Durante el encuentro, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, reiteró que el acceso a la vivienda debe entenderse como un derecho y no como una mercancía. Denunció que la visión mercantilista aplicada entre 2012 y 2018 provocó severos daños al tejido urbano. En ese sentido, respaldó propuestas como la creación de cooperativas de vivienda, políticas contra los despojos y el fortalecimiento de la Defensoría Inquilinaria.

El funcionario capitalino subrayó que el nuevo Bando 1 contempla medidas como el control de precios de alquiler en zonas con alta presión inmobiliaria, la regulación de viviendas de corta estancia, la creación de un Observatorio de Suelo y Vivienda, y la implementación de contratos multianuales de renta. También destacó que se ha reformado el Código Civil para limitar los aumentos de renta a niveles de inflación.

En el foro participaron académicos y activistas como Jerónimo Díaz Marielle, quien propuso que el INVI funja como aval para estudiantes foráneos, y que se construya vivienda social cerca de universidades. También se debatió sobre cooperativas de ahorro y rehabilitación habitacional. Bianca López, de Comuna Hogar, consideró urgente aplicar la Ley de Rentas Justas para evitar que las y los jóvenes sean expulsados de la ciudad.

La especialista Silvia Emanuelli destacó que siete de cada diez jóvenes jefes de hogar pagan renta, lo que refuerza la necesidad de políticas de vivienda asequible y esquemas de protección contra desalojos arbitrarios. Todas estas propuestas buscan establecer un nuevo paradigma sobre el derecho a habitar la ciudad, con visión social, equitativa y de arraigo territorial.