El 5 de junio de 2009 se incendió una bodega propiedad de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Sonora, que se propagó a las instalaciones de la Guardería ABC, S.C. en Hermosillo, Sonora. Como consecuencia de este lamentable incidente, 49 niños y niñas perdieron la vida, 24 sufrieron lesiones por quemaduras y 81 fueron expuestos al humo y gases causados por el incendio, 56 de los cuales fueron diagnosticados con alguna secuela en su salud por este motivo; asimismo, 10 adultas resultaron lesionadas y 16 con exposición al humo. Tras el compromiso asumido por el presidente Andrés Manuel López Obrador con familiares de las víctimas, el 12 de febrero de 2020 el IMSS presentó una denuncia con elementos probatorios y una perspectiva integral y sólida, la cual originó una carpeta de investigación radicada en la Fiscalía General de la República (FGR).

La denuncia tomó como base el voto de minoría del entonces ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la investigación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2009 sobre violaciones graves a los derechos humanos 1/2009. Cabe señalar que la facultad de investigación de la SCJN fue la última que ejerció, pues con la reforma constitucional en derechos humanos, promovida por el Ejecutivo federal en 2011, dicha facultad se trasladó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La investigación de la SCJN señala que las condiciones deficientes en las que operaban las guarderías en el estado de Sonora fueron producto de un desorden generalizado en el otorgamiento de los contratos, operación y supervisión de las guarderías subrogadas; tal es el caso de la Guardería ABC, la cual operaba bajo el esquema vecinal comunitario que traía aparejado condiciones deficientes de seguridad para su funcionamiento. La denuncia también consideró lo señalado tanto en la recomendación de la CNDH 49/2009, que se puede consultar a través del enlace https://bit.ly/3ID3CC5, como en el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En atención al deber de exhaustividad, esta denuncia contempla nuevos aspectos y perspectivas en relación con los procesos de adjudicación, contratación, prestación y supervisión del servicio de guarderías en todos los niveles de responsabilidad. Asimismo, fueron señalados diversos funcionarios públicos de todos los órdenes de gobierno que pudieran encontrarse relacionados con los hechos. Derivado de las investigaciones, la autoridad ministerial llevó a cabo la judicialización correspondiente, en la que se vinculó a proceso a dos personas por su probable responsabilidad en los hechos, lo cual no significa que el expediente esté cerrado.

Actualmente, el Seguro Social colabora en el desarrollo de la investigación y se ha coordinado con diversas instituciones a fin de brindar atención integral a cada uno de los requerimientos de información que formula la autoridad ministerial. La garantía de no repetición es un elemento fundamental de la justicia integral. Por eso trabajamos, para dar respuesta a las familias que, en cada marcha, desde hace diez años, exigen al Estado: nunca más un ABC. Es importante decir que nuestra colaboración y solidaridad seguirán permanentes con los grupos de familiares afectados por estos hechos que siguen doliendo. Ante la Fiscalía General de la República presentaremos todas las pruebas que se requieran para fincar responsabilidades y hacer justicia.