La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció que se está preparando la sexta Norma Oficial Mexicana (NOM) enfocada en la delimitación de zonas no aptas para asentamientos humanos debido a amenazas hidrometeorológicas y geológicas. La Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario, encabezada por Ana Gabriela Villanueva Huerta, informó que se está elaborando un catálogo de zonas de riesgo con un enfoque preventivo y resiliente para evitar daños en viviendas ante desastres naturales como inundaciones y deslizamientos de tierra.
Villanueva Huerta explicó que este catálogo pretende integrar prácticas preventivas detalladas en la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos. El objetivo es optimizar la gestión de riesgos en el sector de vivienda y ordenamiento territorial mediante el uso avanzado de análisis geoespacial y herramientas de información territorial. La primera fase de este proyecto ya se ha completado y actualmente se trabaja en la segunda fase, que incluye la creación de un inventario y catálogo de priorización a nivel nacional.
La segunda fase, denominada "Inventario y Catálogo de Priorización", se centra en analizar las situaciones de riesgo existentes para establecer un inventario nacional. Villanueva Huerta destacó que las experiencias pasadas son fundamentales para el desarrollo de este plan, el cual busca aumentar la seguridad de las personas y comunidades en áreas vulnerables, así como promover la sustentabilidad del desarrollo urbano y rural en México.
Además, se están evaluando los sistemas de construcción, la infraestructura existente, la certeza jurídica y factores socioterritoriales como la marginación, violencia y tipo de población. Este análisis integral permitirá priorizar las zonas de alto riesgo y tomar decisiones informadas para prevenir desastres futuros.
Villanueva Huerta subrayó que la nueva NOM llega en un momento crucial, dado el creciente impacto de los fenómenos naturales perturbadores. El esfuerzo normativo de Sedatu es una respuesta proactiva del gobierno para mitigar la vulnerabilidad de las familias mexicanas ante estos riesgos, promoviendo un desarrollo territorial más seguro y resiliente.