La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la ALDF, Nury Delia Ruiz Ovando, informó que en la discusión y aprobación del Presupuesto 2016 para la ciudad de México, cabildeará la asignación de mayores recursos para fortalecer la lucha contra la trata de personas en el Distrito Federal.

Reconoció que existe una labor pendiente en relación a este ilícito en la capital del país, ya que es necesario armonizar las disposiciones que contempla el Código Penal y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, para evitar que existan contradicciones o lagunas legales que impidan sancionar a los responsables de este tipo de crímenes.

Asimismo, urgió a impulsar de manera conjunta entre la ALDF, el GDF y organizaciones de la sociedad civil, campañas de prevención sobre la trata de personas, “apoyaremos las ya existentes, sin embargo, considero que es necesario plantear nuevas estrategias de difusión con la finalidad de tener una mayor cobertura, para lograr que la información llegue a todos los rincones de la ciudad”.

Dijo que también impulsará nuevas políticas públicas encausadas a promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, al tiempo de reconocer las acciones que sobre este tema han emprendido las diferentes instituciones que forman parte del Gobierno de la ciudad de México, así como la Comisión de Derechos Humanos del DF y las asociaciones de la sociedad civil.

La legisladora ciudadana aseguró que en la ALDF se abrirá una nueva etapa de lucha por la igualdad de género en la capital del país, donde hasta hace algunos años a las mujeres no se les permitía decidir sobre su propio cuerpo, “se nos perseguía judicial y socialmente por tomar una decisión compleja como es la interrupción del embarazo, decisión que no sólo tenía repercusiones físicas, sino también emocionales y sociales”, apuntó.
“Gracias a las ideas progresistas que han prevalecido en el Distrito Federal, se lograron reformas a la Ley de Salud y al Código Penal para contar actualmente con la interrupción legal del embarazo, evitando así el aumento de la mortalidad materna por prácticas inadecuadas en nosocomios clandestinos, así como la persecución judicial y social a la que muchas mujeres eran sometidas”, concluyó.