La Fiscalía del Distrito de Keelung, en Taiwán, acusó formalmente a un gerente de Nvidia identificado por el apellido Chang por presuntamente facilitar el contrabando de 130 servidores equipados con chips avanzados de inteligencia artificial hacia China. Los cargos incluyen falsificación y abuso de confianza, delitos que podrían alcanzar una pena de hasta cinco años de prisión.

De acuerdo con la acusación, Chang habría autorizado la venta de estos servidores a un proveedor taiwanés de infraestructura digital que carecía del espacio físico y los fondos necesarios para concretar la compra. Las investigaciones determinaron que el financiamiento provenía de una entidad china y que el directivo ocultó deliberadamente esta información a Nvidia.

Este incidente se suma a una serie de desafíos recientes para la compañía. Días antes, el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, renunció tras revelarse su relación extramarital con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed International, empresa sospechosa de facilitar el acceso de China a tecnología estadounidense restringida. Estas revelaciones han generado investigaciones del FBI y del Congreso de Estados Unidos, así como demandas de inversores, lo que ha derivado en una pérdida significativa del valor bursátil de la empresa.

En paralelo, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado las restricciones para evitar que China acceda a tecnología avanzada de inteligencia artificial. El 16 de noviembre de 2026, la administración Trump emitió una regla para cerrar una laguna legal que permitía a empresas chinas acceder a semiconductores estadounidenses mediante el alquiler de capacidad de computación en centros de datos del sudeste asiático, con el objetivo de impedir que el país asiático obtenga chips avanzados centrales en la carrera de la IA.

La combinación de estos eventos evidencia la creciente tensión en torno al acceso y control de tecnologías críticas de inteligencia artificial, y subraya la importancia de la seguridad en la cadena de suministro y la necesidad de una vigilancia estricta para prevenir el desvío de tecnología sensible hacia mercados restringidos.