La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México abrió una investigación para deslindar responsabilidades y determinar las razones por las que no se han comprobado 5.7 millones de pesos que recibió el magistrado Carlos Vargas Martínez para la construcción de juzgados orales penales en los reclusorios Norte y Oriente.

El magistrado Carlos Vargas Martínez, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es investigado por desvío de recursos, al no comprobar el destino de dichos recursos, parte de los 14 millones de pesos que recibió para las obras referidas.

Los recursos fueron entregados en el ejercicio 2015 como parte del Fondo de Capitalidad, Ramo 23, atribuibles directamente al magistrado Vargas Martínez.

El expediente del caso, que es el CG DGAJR DRS 0142/2018, detalla que se entregaron 14 millones a la Ciudad de México. De esa cantidad, más de cinco millones estaban dirigidos a la construcción de juzgados orales. La inversión representaba el 69.3 por ciento del monto total que se destinó a la capital.

Se determinó que, para esta obra, se ocuparan 5.7 millones de pesos destinados bajo un esquema de financiamiento bianual, esto entre 2015 y 2016.

Como parte de lo planteado en el Ramo 23, el órgano jurisdiccional sólo debía mostrar facturas para comprobar que se estuviesen ejerciendo de forma adecuada los recursos.

No obstante, Vargas Martínez reportó un saldo de reintegro sobre los recursos del Fondo de Capitalidad de 0.01 pesos, razón por la cual la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México le dio como plazo el 15 de enero para dar a conocer los comprobantes y facturas que demuestren que los recursos se emplearon de manera adecuada.