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El Congreso de la Ciudad de México debe garantizar el acceso al agua y sancionar a quien solicite dádiva, promesa de dinero o condicione el reparto de ese bien público, que es un recurso vital que es un bien público: diputada Guadalupe Aguilar Solache (MORENA).
El derecho humano al acceso al agua en la CDMX está previsto en los Tratados Internacionales de los que México es parte, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Local.
Para evitar que se vulnere el derecho al acceso y disposición de agua potable en la Ciudad de México, la diputada local Guadalupe Aguilar Solache presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar y adicionar el Código Penal de la capital para sancionar a quien solicite una dádiva, promesa de dinero o condicione su reparto del vital líquido realizado con bienes públicos.
Argumentó que, de acuerdo con denuncias ciudadanas, el reparto y entrega del agua que se distribuye a través de pipas en algunos lugares de la Ciudad de México se condiciona o cobra, por lo que es necesario poner atención en el reparto de agua que se realiza a través de estos vehículos.
“Es la cuarta ocasión que en esta tribuna condeno enérgicamente la venta o coacción que ocurre en algunas partes de la ciudad para poder recibir el reparto del vital líquido en pipas públicas, situación que afecta a las personas más necesitadas, que solamente pueden tener acceso al agua a través de este medio”, afirmó.
La legisladora Aguilar Solache dijo que lamentablemente existen personas que se ostentan como “_operadores políticos_ responsables de estos vehículos, quienes en ocasiones exigen a los ciudadanos algún tipo de compensación económica, obligándolos a asistir a una actividad partidista, copias de credencial de elector, y en caso de no acceder a sus pedimentos, simplemente no les abastecen, lo cual resulta inadmisible y violatorio del derecho humano al acceso al agua potable”.
Agregó: “Resulta inadmisible e inhumano que adicional a tales carencias y limitaciones, se les cobre o se les condicione su reparto, ya sea por parte de particulares que se autodenominan dirigentes sociales o vecinales, así como de los servidores públicos a cargo de las pipas, que por acción u omisión permiten esta práctica o, peor aún, la venta del vital líquido”.
La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua argumentó que el derecho humano al acceso al agua en la capital está previsto tanto en los Tratados Internacionales de los que México es parte, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Local, por ello resulta necesario sancionar las acciones que lo vulneran.
La iniciativa fue turnada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su revisión y análisis correspondiente.
