La diputada Margarita Martínez Fisher (PAN) propuso modificar la normatividad vigente en materia de desarrollo urbano y obras públicas, ante el crecimiento desigual y desordenado que se vive en la ciudad de México, incluso, para evitar la corrupción que prevalece en este rubro.

Lo anterior, en el marco de la conferencia “SIMPLIFICACIÓN LEGISLATIVA EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS” que organizó la ADOC (Arquitectos Directores Responsables de Obra Corresponsables y Peritos en Desarrollo Urbano A.C.) en el marco su 13° Congreso "LA CDMX HACIA LA INTEGRACIÓN AL HABITAT III”.

“El modelo urbano actual no puede seguir adelante, es fundamental acompañar el proceso de discusión del PGDU de la Ciudad con reformas a la Ley de Obras Públicas local para garantizar infraestructura de agua, movilidad y servicios con una visión de sustentabilidad”, sostuvo.

La legisladora Martínez Fisher, quien preside la comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, resaltó el compromiso de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para legislar de tal manera de mejorar la Ley en beneficio de capitalinos.

Explicó que en cinco años, más de medio millón de personas desplazaron su residencia a la periferia de la Zona Metropolitana provocando más caos vial; en este sentido dijo, “queremos una ciudad sustentable con agua, movilidad eficiente y mejores servicios”.

“La visión de esta Legislatura es crear un Código de Ordenamiento Territorial que mejore la movilidad, integración del trasporte público y garantice el servicio de agua”, resaltó la asambleísta del Partido Acción Nacional (PAN).

Por este motivo, adelantó que la presidencia que dirige iniciará los trabajos de revisión y actualización de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en el marco de la reforma política de la ciudad de México en coordinación con los Colegios y Asociaciones de expertos en la materia.

“El reto de los legisladores es ofrecer una vivienda digna para familias trabajadoras y dejar de expulsar a familias hacía los municipios periféricos; sabemos que entre 2010 y 2015 salieron de la capital unas 545, mil personas”, apuntó.

Explicó que uno de los problemas graves es que la capital al no tener oferta de vivienda en zonas céntricas, está devastando el suelo de conservación afectando las zonas de recarga de agua.

En este sentido, Martínez Fisher recordó que uno de los casos más críticos, que muestra la necesidad de revisar la normatividad en materia de obras públicas, es la línea 12 del Metro, “recordemos que esta obra se realizó por adjudicación directa por un monto de más de 19 mil millones de pesos. Y a la fecha se han pagado más de 24 mil millones de pesos”, expresó.