• Se presentará exhorto a la Sedatu para que atienda situación de la sierra tarahumara

• Advierten problemas de desarrollo, de otorgamiento de concesiones en materia de explotación forestal, ambientales y de gestión del agua

Luego de una reunión de trabajo de más de cuatro horas, senadores, representantes de las comunidades rarámuri y tepehuana de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, y servidores públicos de varias instituciones del gobierno federal, elaboraron de manera conjunta un exhorto --que se presentará ante la Comisión Permanente-- para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se incorpore a esta mesa y dé atención puntual a los problemas agrarios en dichas comunidades.

El encuentro, presidido por el senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, es resultado del compromiso asumido con las representaciones de las comunidades de los pueblos en la Sierra Tarahumara y con las organizaciones civiles que forman parte de la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara.

Encinas Rodríguez se comprometió a avanzar en la elaboración de la Ley Federal de Consulta a los Pueblos Indígenas, derivada de los acuerdos suscritos por México con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El senador del PRI, Patricio Martínez García, aseguró que “ha llegado el momento de hacer cambios drásticos en la Tarahumara”. No obstante, pidió conciliar los diversos proyectos con las necesidades de los pobladores, a fin de impulsar tanto el desarrollo económico como el bienestar social en la región.

En este sentido, señaló que autoridades y dependencias de los tres órdenes de gobierno deben poner atención a las regiones más remotas y desprotegidas; especialmente los municipios que, dijo, no están tomando la responsabilidad que les corresponde de coordinar las acciones que se realizan u omiten en sus comunidades.

El comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, planteó el compromiso de crear un grupo de trabajo y enlace, integrado por representantes de las Comisiones de Asuntos Indígenas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el gobierno de Chihuahua, los gobernadores rarámuris y tepehuanes y sus asesores jurídicos.

Asimismo, destacó la necesidad de establecer una Ley de Consulta Indígena, toda vez que México ha aceptado la recomendación de las Organización de las Naciones Unidas en este sentido y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un acuerdo para elaborar un proyecto de ley en la materia para discutirlo con los pueblos indígenas.

A título personal, propuso elaborar un programa especial de desarrollo social para la región, en el que sean las propias comunidades las que determinen sus prioridades y que permita “que en lugar de ser receptores o ser objeto de las políticas públicas, se constituyan en los sujetos y en los constructores de su propias posibilidades”.

En el encuentro, los gobernadores de ocho comunidades de la Sierra Tarahumara expusieron la problemática que viven a partir del desarrollo de complejos turísticos y la explotación forestal clandestino, así como la negación del apoyo de Procampo y la falta de consulta en la construcción del aeropuerto regional de Creel y de un gasoducto.

Respecto al tema de los apoyos de Procampo, el senador Encinas pidió a la Sagarpa realizar la entrega y rehabilitar el pago de la ayuda, suspendida desde 2013, así como avanzar en el reconocimiento de la identidad de las familias que viven en esas comunidades.

Además informó que la Comisión Permanente hizo la declaratoria de constitucionalidad del derecho a la identidad, con lo que el Estado entregará de manera gratuita la primera acta de nacimiento a todo mexicano que nazca.

En el encuentro también presentes representantes de la secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Relaciones Exteriores, Turismo, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y de las comisiones Nacional del Agua y de Derechos Humanos.

Los funcionarios públicos se comprometieron a dar puntual seguimiento y a buscar soluciones a los asuntos planteados por cada representante y, en casos específicos, como el relativo a la reubicación de la estación del ferrocarril en el Divisadero, señalaron que intercambiarán información con Ferromex, para verificar que se tengan los estudios correspondientes para llevar a cabo dicha acción.

Respecto al proyecto del aeropuerto de Creel, se precisó que desde 2009 se gestionaron los permisos correspondientes para llevar a cabo su ejecución. A la fecha, señalaron los trabajos cuentan con un avance mayor al 90 por ciento y se tienen contemplados recursos presupuestales en este año para terminar su realización.

En este sentido, los representantes de la SCT destacaron que se ha verificado que se cuente con permisos ambientales, pero revisarán los impactos en materia de accesibilidad o de problemas con el suministro de agua.

Respecto al problema del Consejo Consultivo del Fideicomiso de Barrancas del Cobre, la Sectur indicó que en cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han realizado seis sesiones preliminares para la constitución del Consejo, por lo que se considera se está avanzando puntualmente.