El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) recibió una propuesta de texto constitucional de derechos y obligaciones para la Ciudad de México, elaborada por un grupo plural de más de 300 amas de casas, comerciantes, estudiantes, profesionistas y empelados residentes en las 16 delegaciones de la capital del país, integrantes de la organización CEM Anáhuac, perteneciente a la Red de Contraloría Ciudadana, A.C.

El documento conformado por 110 artículos en los que se abordan temas como derechos humanos, democracia participativa, vocación económica de la capital del país, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, democracia directa y fiscalidad, “emana de un verdadero ejercicio de participación ciudadana en el que se involucraron personas conscientes de cuáles son sus necesidades”, afirmaron integrantes de la CEM Anáhuac.

Al recibir el proyecto, el consejero electoral Carlos González Martínez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del IEDF, reconoció el esfuerzo realizado por quienes trabajaron en la elaboración de la propuesta y se comprometió a remitirla al grupo redactor del primer borrador de la Constitución de la Ciudad de México, así como a la Asamblea Constituyente, una vez que se encuentre conformada e inicie sus funciones.

Destacó que el proyecto evidencia que existen ciudadanos conscientes y comprometidos con su comunidad, interesados en aportar sus ideas en beneficio de todos. En ese sentido, dio a conocer que el próximo 25 de mayo a las 18:00 horas, se llevará a cabo una reunión en el Polyforum Cultural Siqueiros en la que se rendirá cuentas sobre los 16 foros delegacionales organizados por el IEDF con motivo de la elección de la Asamblea Constituyente.

Gabriela Arteaga, integrante de la organización CEM Anáhuac, comentó que el proyecto entregado se elaboró a partir de la conformación de seis comisiones temáticas de trabajo y propone equiparar a los pueblos originarios con los pueblos indígenas; garantizar la maternidad y paternidad libre, reconoce el matrimonio igualitario, el derecho a recibir apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad; el fomento la economía solidaria; promueve la creación de mecanismos de concertación para incrementar el salario en la ciudad; y establece la educación superior obligatoria.

Además, plantea reconocer el derecho a la desobediencia, la revocación de mandato para el Jefe de Gobierno, diputados, alcaldes y concejales; retiro del fuero a todos los servidores públicos, incluidos jueces y magistrados; establecimiento del plebiscito, revocación de mandato, referéndum y gobiernos vecinales como mecanismos de democracia directa.

De igual forma, considera el derecho de los ciudadanos a participar en la formulación, ejecución, seguimiento, control y evaluación del presupuesto público; la obligación de someter los cambios de uso de suelo a referéndum de los habitantes de las alcaldías; se elevan a rango constitucional las contralorías ciudadanas; y se reduce la edad para ser votado a 18 años.