Durante 2017, la administración dirigida por la Jefa Delegacional, Dione Anguiano Flores, ha realizado pagos por más de 20 millones de pesos en cumplimiento de 88 sentencias derivadas de juicos laborales, cuyos expedientes más antiguos provienen desde el año 2004.

Las prestaciones demandadas en dichos expedientes se refieren a pagos de aguinaldos, prima vacacional, aportaciones al Fondo de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), entre otros rubros.

Actualmente, está en proceso el pago derivado de 112 litigios laborales, que de manera conjunta representan una erogación superior a los 27 millones 819 mil pesos tras las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Las cantidades representan montos desde mil hasta más de 1.5 millones de pesos.

En ese sentido, la Delegación Iztapalapa a través de la Dirección General de Administración, informa que al concluir el año no cuenta con el presupuesto destinado para continuar con los pagos para dar cumplimiento a los juicios de conciliación, promovidos en contra de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su caso particular, contra el Gobierno Delegacional en Iztapalapa.

Esto debido a los pagos de más 20 millones de pesos realizados en el transcurso de este año, y que por más de 9 años otras administraciones postergaron, al no dar cumplimiento a las sentencias, lo que además impidió la reinstalación en puestos laborales a trabajadores que promovieron juicios de este tipo.

En el periodo de Dione Anguiano Flores al mando del Gobierno Delegacional se contabilizaron un total de 200 querellas laborales, promovidas en periodos de administraciones correspondientes a los años 2004, 2005, 2007, 2010, 2011 y 2012.

Al respecto, la Jefa Delegacional estableció la voluntad y obligatoriedad del cumplimiento de estas sentencias labores, por lo que instruyó a las Direcciones Generales Jurídica y de Gobierno y de Administración realizar las gestiones pertinentes con el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), para obtener la suficiencia presupuestal y el pago definitivo de los juicios en proceso.