El día de hoy, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos de América (NOAA, por sus siglas en inglés) publicó una certificación negativa en contra de México por la muerte y la captura incidental de tortuga amarilla o caguama (Caretta caretta), en la zona conocida como Golfo de Ulloa, en Baja California Sur.

Esta certificación deriva de una revisión bianual conforme a la Ley de Protección Moratoria, mediante la cual el Departamento de Comercio de Estados Unidos entrega un reporte a su Congreso en el que enlista a las naciones que incurren en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; así como pesca incidental de los recursos marinos vivos protegidos.

El Gobierno de México ha implementado una serie de acciones para asegurar la protección y la viabilidad de las poblaciones de tortuga amarilla en la región central del litoral occidental de Baja California Sur, entre ellas, el establecimiento de una zona de refugio pesquero, mediante un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de abril de 2015, para “reducir la posible interacción de la pesca con tortugas marinas en la Costa Occidental de Baja California Sur”.

Este acuerdo estableció un área específica de restricciones pesqueras que abarca una parte de la zona de refugio pesquero en la región denominada Golfo de Ulloa, en la que sólo podrán llevarse a cabo actividades de pesca comercial con las artes de pesca autorizadas por las autoridades competentes.

Asimismo, ordena que todas las actividades de pesca estén sujetas a medidas de verificación, inspección y vigilancia, las cuales incluyen la presencia de observadores y la utilización de tecnologías alternativas como monitoreo satelital, entre otras.

Los datos disponibles sugieren que el nivel de captura incidental de tortugas marinas en la zona se ha mantenido bajo durante los últimos años, habiéndose establecido esfuerzos interinstitucionales de monitoreo y protección desde que la problemática fue detectada.

El Gobierno de México lamenta la decisión del Gobierno de Estados Unidos por considerar que el país ha iniciado las medidas necesarias para contar con instrumentos regulatorios equiparables a los de otros países, incluyendo Estados Unidos.

México reitera su disposición a trabajar en forma conjunta con autoridades y expertos estadounidenses para encontrar una pronta solución a esta circunstancia.