La senadora Gabriela Cuevas Barron consideró que ya es momento de que México adquiera “un verdadero compromiso” con la solución pacifica de las controversias internacionales y se incorpore plenamente al primer círculo de la política exterior a favor de la paz y la seguridad.

En este sentido, presentó una iniciativa para reformar los artículos 76 y 89 de la Constitución, a fin de que las Fuerzas Armadas de nuestro país puedan participar en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP), en las que medie una solicitud expresa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Para ello, planteó que el Presidente evalúe la participación de las Fuerzas Armadas en este tipo de operaciones, conforme los límites y procedimientos que establezcan las leyes.

La legisladora de Acción Nacional expresó que éste es un tema que “debemos discutir y abordar con franqueza, argumentos serios e informados si queremos que nuestro país se convierta en un actor con responsabilidad global”.

Dijo que existe compatibilidad entre los principios fundamentales de la política exterior mexicana --la no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias-- con la Carta de las Naciones Unidas, que es instrumento base de las OMP.

Cuevas Barron aseguró que, contrario a lo que pueda pensarse, los “Cascos Azules” de la ONU no pueden intervenir en cualquier conflicto, tampoco representan intereses de países en lo particular ni actúan como un ejército convencional.

Aun así, agregó, la participación de México en este tipo de operaciones se ha limitado a contribuciones económicas y “sin enviar personal militar”, bajo el argumento de que esto podría generar conflictos con otras naciones.

Sin embargo, se pierde de vista que uno de los principios fundamentales para la intervención de los “Cascos Azules” es que las partes en conflicto lleguen previamente a un acuerdo y se consienta la mediación de las Naciones Unidas.

Además, dijo que se requiere modificar las leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como de la Administración Pública Federal, con el objeto limitar dicha participación en aquellas OMP que observen determinados principios y la autorización del Senado.

La iniciativa se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Primera.