- Mediante la modificación de Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tendrán la capacidad de decidir en los proyectos en el ámbito productivo.

- Podrán exigir al gobierno federal y a entidades federativas y municipios su consentimiento antes de aprobar cualquier plan que afecte sus tierras u otros recursos.

El Senado de la República aprobó un dictamen que reforma dos fracciones del artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el propósito de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como entidades de interés público.

De esta manera se les permitirá, en lo posible, el manejo de recursos públicos provenientes de las instancias gubernamentales, así como la posibilidad de intervenir para promover la planeación de proyectos en el ámbito productivo que impacten de manera positiva su economía.

También les otorga el derecho de exigir al gobierno federal, las entidades federativas y municipios, su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos como los minerales, forestales, e hídricos, entre otros.

El senador Eviel Pérez Magaña, quien presentó el dictamen a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas, señaló que corresponde a las constituciones y leyes de las entidades federativas, establecer las características de libre determinación y autonomía que mejoren las aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad.

Sin embargo, esta facultad no la han ejercido todos los estados del país: sólo 20 constituciones locales reconocen los derechos de las comunidades indígenas, es decir, en once estados aún está pendiente la armonización, explicó ante el Pleno.

Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, presentó el dictamen el senador René Juárez Cisneros, quien precisó que con esta modificación se le garantiza, a las comunidades indígenas, el derecho a determinar y elaborar prioridades, estrategias, programas y acciones para impulsar su desarrollo; y en lo posible se les permita la administración de recursos públicos en función de su propia organización.

El senador Isidro Pedraza Chávez, dijo que esta reforma beneficiará a aproximadamente 15 millones de mexicanos que componen a esta población. Y reafirmó que a las comunidades indígenas se les abrirá la posibilidad de inversiones importantes, tomarlos en cuenta para las definiciones; y, en este sentido, corregir la exclusión social de padecen estos grupos en el país.

Román Rosas González, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, explicó que, de acuerdo con la última encuesta nacional sobre discriminación en México, cuatro de cada 10 miembros de un grupo étnico consideran que no tienen las mismas oportunidades para conseguir trabajo; tres de cada 10, consideran que no tienen las mismas oportunidades para recibir apoyos del gobierno; y uno de cada cuatro dijo no tener las mismas oportunidades para acceder a servicios de salud o de educación.

Por ello, no basta con solidarizarse y rechazar la discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas, dijo; sino que además se deben impulsar acciones como las propuestas en el dictamen que aprobaron las comisiones unidas.

El senador Manuel Bartlett Díaz, hizo énfasis en que esta reforma, que reafirma a las comunidades indígenas el dominio de sus territorios, está en concordancia con los principios establecidos en los tratados que México ha firmado con la Organización de Naciones Unidas.

El dictamen fue aprobado por el Pleno del Senado de la República, en votación nominal, por 86 votos a favor y cero en contra; y fue remitido a la Cámara de Diputados.