La autonomía es una garantía de libertad, apertura y oportunidad, no sólo para la Universidad como persona moral, sino para los universitarios. “Es una garantía de puertas abiertas para que los jóvenes puedan acceder a satisfactores de cultura, pensamiento y libertad, que quizá de otra manera no podrían tener”, afirmó Sergio García Ramírez, profesor emérito de la UNAM.

Acompañado por Christian Sohlenkamp, director del Centro de Ciencias Genómicas (CCG) en Cuernavaca, Morelos, García Ramírez, también académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y de la Facultad de Derecho (FD), indicó que autonomía significa autorregularse, emitir las propias normas y no esperar a que el Estado o alguien externo imponga pautas.

Al participar en el ciclo de seminarios “Reflexiones sobre la Autonomía Universitaria”, destacó que el autogobierno que le otorga la autonomía a la Universidad Nacional le brinda la soberanía de administrarse a sí misma y designar, a través de la Junta de Gobierno, al rector y directores de facultades, escuelas e institutos.

García Ramírez reiteró que la Junta de Gobierno es el órgano encargado de designar a estos funcionarios, y fue creada por la Ley Caso de 1945. “A mi modo de ver, ha sido un factor de estabilidad para la vida universitaria; su composición es plural y sus integrantes son nombrados, a su vez, por el Consejo Universitario”.

En el auditorio Guillermo Soberón, del Centro de Ciencias Genómicas, en Cuernavaca, Morelos, el jurista destacó que ahora vivimos ese proceso, pues será la Junta de Gobierno quien resuelva con libertad, mediante un proceso cuidadoso que convoque a la comunidad universitaria, quién será el próximo rector o rectora de esta casa de estudios.

Los principios básicos de Universalidad: gratuidad, libertad de cátedra, pensamiento e investigación, y laicismo, son parte de la autonomía de la UNAM y de otras instituciones de educación superior públicas. Son principios que dan grandeza y aliento al proceso educativo.

Eso se puede encontrar en tratados y declaraciones universales y regionales de los derechos humanos, y en nuestro artículo tercero constitucional.

De esa manera, nuestra institución puede determinar sus planes y programas, aunque “con racionalidad y participación de la comunidad universitaria. No es la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal la que impone programas y planes para la educación pública superior en instituciones autónomas”, aclaró.

Otro aspecto importante son las relaciones laborales de los trabajadores, un asunto delicado en el que convergen diversas posiciones y tensiones, y se ha tenido a la vista desde prácticamente las primeras leyes de la Universidad.

García Ramírez remarcó que no puede aceptarse que bajo el pretexto de transparencia y rendición de cuentas se generen mecanismos de interferencia en la marcha de la Universidad.

A lo largo de la historia del país, recordó, la tendencia del poder público –desde la Real y Pontificia Universidad de México, y su compromiso con el trono y el dogma, hasta años recientes– ha sido intervenir en la vida de las universidades, y esto a la postre conlleva una restricción severa en la libertad de pensamiento, docencia, investigación y difusión.

Por último, consideró que “si hay algo claro para los unamitas es esa libertad tan frecuentemente asediada por el poder público y otros poderes fácticos, que en algún momento pudiera limitar nuestras libertades y militar contra nuestras fronteras de pensamiento y de vida universitaria.

“Probablemente por ello el tema de la autonomía universitaria se ha replanteado en estos días, pues para muchos hay riesgo de que existan tendencias que pudieran mediatizar la autonomía de la Universidad”, concluyó.