La Comisión de Justicia aprobó una minuta que modifica el Código Penal Federal, a fin de castigar con multa de uno a trescientos días de salario mínimo a quien impida, condicione el ingreso o permanencia de cualquier alumno en los centros educación básica o media superior, a cambio de la entrega de cuotas.

Con ello, se busca sancionar a aquellas personas que realicen funciones de autoridad escolar e impidan el ingreso, retengan documentación o condicionen la permanencia de los alumnos en los centros de educación a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie.

Los senadores explicaron que a pesar de que la Ley General de Educación ya establece multas para quienes soliciten cuotas escolares obligatorias, deja abierta la posibilidad de que existan sanciones penales por las infracciones a este ordenamiento.

Es por ello que los legisladores estimaron necesario avalar la propuesta de la colegisladora para establecer una sanción pecuniaria, “pues no se considera viable imponer una pena privativa de la libertad a esta conducta”.

En la misma reunión, los integrantes de la Comisión de Justicia, que preside el senador panista Roberto Gil Zuarth, modificaron el mismo Código, con el objetivo de incluir el tipo penal de “sustracción de menores de su entorno”, ya que actualmente este delito no está previsto en el ordenamiento federal.

Se estableció que los servidores públicos que comentan ese ilícito serán inhabilitados por un término igual a la pena privativa de libertad que se les imponga.

Los legisladores refirieron que la mayoría de los casos de sustracción de menores son un delito local, pero existen algunos que se pueden considerar un ilícito federal.

Lo anterior, debido a que se han registrado denuncias de migrantes que indican que funcionarios federales “pudieron haber sustraído a menores de edad para ser vendidos a través de grupos criminales en otros países”.

ONG considera inviable dictamen de iniciativa ciudadana

Posteriormente, Claudia Regil Velasco, representante de la organización Un Millón de Jóvenes por México, se refirió a la propuesta de dictamen sobre la reglamentación de la iniciativa ciudadana, la cual consideró “inviable”, ya que no garantiza el derecho constitucional de proponer iniciativas al Congreso.

Manifestó que este mecanismo debe tener un trámite simple y accesible para todos, por ello planteó eliminar “el CURP de la credencial de elector” como requisito para la recolección de firmas; así como un plazo razonable para subsanar errores y que el Legislativo se asegure de que se cumpla con el porcentaje de firmas solicitadas.

“La iniciativa ciudadana abre un espacio a quienes queremos participar activamente en la construcción de un mejor México, por ello es que proponemos cambios al dictamen ya aprobado, a fin de que todos los ciudadanos organizados puedan someter a consideración del Congreso iniciativas de ley, logrando así una democracia mucho más participativa”, manifestó.

Cabe señalar que la propuesta de dictamen se encuentra en proceso de análisis en las comisiones de Justicia, Gobernación, Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda.