Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos aprobaron este lunes la minuta que reforma diversos ordenamientos para fortalecer el combate al terrorismo y que busca imponer de 15 a 40 años de cárcel a quien cometa este delito.

Los senadores avalaron las modificaciones a los códigos Penal Federal, Fiscal de la Federación y Federal de Procedimientos Penales, así como a las leyes federales contra la Delincuencia Organizada, Extinción de Dominio y Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución.

En el dictamen se adicionan otros medios para la consumación de un acto terrorista como la utilización de material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo y fuente de radiación.

Además, contempla la protección de los bienes o servicios públicos, pero también aquellos de naturaleza privada, “en virtud de que los actos no sólo afectan al Estado, sino a los derechos de los particulares”.

Los senadores también consideraron aplicar una sanción de 15 a 40 años de prisión a quien por cualquier medio que fuere, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas.

Del mismo modo, plantearon que el Ministerio Público o, en los casos que determinen las disposiciones aplicables, las autoridades que regulan el sistema financiero nacional podrán ordenar a los entidades del sector la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos cuando reciban resoluciones de las autoridades competentes o de organismos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y cuando dichos recursos estén vinculados con los delitos materia de la extinción de dominio.

Con esta y otras medidas, se busca cumplir con las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) ha realizado a México en los últimos años, así como las obligaciones que derivan para nuestro país como integrante de la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

Además, se realiza una adecuación normativa indispensable frente a la constante evolución tecnológica y sofisticación de las actividades criminales.