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En San Lázaro, la Comisión de Hacienda aprobó reformas al Código Fiscal de la Federación para sancionar con cárcel a quienes expidan facturas falsas para comprobar supuestos servicios de empresas fantasma.
El dictamen contempla penas de entre tres y seis años de cárcel para quien expida o compre comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas.
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente la Comisión de Presupuesto, ha asegurado que más del 50 por ciento de las facturas falsas son compradas por servidores públicos.
El dictamen será votado por el Pleno de la Cámara de Diputados, la próxima semana.
