El Estado, obligado a hacer partícipe a los pueblos indígenas en la construcción, operación y beneficios del proyecto: Xóchitl Gálvez.

Con el propósito de hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas, la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz llevó al Pleno una propuesta para exhortar al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a que la consulta sobre la construcción del Tren Maya, cumpla con los requerimientos de los tratados y declaraciones internacionales, así como con la legislación nacional.

La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional mencionó que más de un millón de personas indígenas se verán beneficiadas o afectadas, por lo que tienen derecho a ser consultadas. “Pero no con una encuesta de 10 puntos: de sí y no, en la cual sólo hay una pregunta sobre el proyecto del tren”, acotó.

Afirmó que el Estado está obligado a hacer partícipes a los pueblos indígenas en la construcción, operación y en los beneficios que genere el Tren Maya, ya que se trata de un proyecto gubernamental “que les cambiaría su cultura, su vida y sus territorios”.

Además, el convenio 169 de la OIT de los Pueblos Indígenas y Tribales obliga a incorporar la consulta y participación del pueblo indígena, bajo tres elementos: informar, dialogar y acordar los beneficios, su participación y su representación en el proyecto, manifestó la senadora.

Por lo anterior, señaló, ninguna institución pública puede excusarse en la falta de norma expresa sobre el derecho a la consulta. Dicho convenio está avalado por el artículo primero de la Constitución Mexicana y fue aprobado en 2011 donde se volvió vinculante, añadió Gálvez Ruiz.

Deben atenderse las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho al respecto, agregó.

También es necesario, apuntó, cumplir los requisitos que marca la legislación ambiental para que no suceda lo mismo que en Dos Bocas, Tabasco, donde ya fueron desmontadas 300  hectáreas de selvas y manglares para el proyecto de la refinería, a pesar de no contar con autorización de impacto ambiental ni de uso de suelo, como da cuenta un periódico de circulación nacional, informó.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas.