Ante el recurso promovido por el presidente de la República en contra del Poder Ejecutivo de Chihuahua.

Gustavo Madero, senador por Chihuahua, hizo una proposición con punto de acuerdo urgente y obvia resolución, para exhortar a la SCJN a considerar los esfuerzos de los gobiernos estatales para combatir la corrupción y la impunidad.

Lo anterior, luego del recurso promovido por el Presidente de la República en contra del Poder Ejecutivo de Chihuahua, dijo el senador del PAN, quien relató que el 11 de octubre, el titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Misha Leonel Granados Fernández, presentó la Controversia Constitucional en contra del Poder Ejecutivo de Chihuahua.

Ante ello señaló: “es claro que el recurso promovido por Enrique Peña Nieto se relaciona directamente con la resolución dictada por un tribunal federal el pasado 6 de abril de 2018 en el conflicto competencial relacionado con el presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos federales a empresas fantasma, que posteriormente entregaron parte de ese dinero a las campañas políticas de ese partido”.

Es un acto inédito que la Consejería Jurídica de la Presidencia presente una controversia constitucional contra posibles órdenes de aprehensión, arraigos, citatorios o carpetas de investigación iniciadas por autoridades locales contra funcionarios federales, incluyendo al Presidente, señaló.

Afirmó que dicho acto no es otra cosa que una confesión de parte. Además, estas acciones legales del Gobierno peñista también ponen en evidencia las razones por las que se ha obstaculizado la persecución de los responsables de desviar recursos federales al PRI, triangulados en la administración del prófugo César Duarte.

Entre las impugnaciones, dijo, se encuentran las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen con el ejercicio de sus funciones, además de la emisión de citatorios existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen con el ejercicio de sus funciones.

El mandatario impugna también la emisión de órdenes de detención, existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen con el ejercicio de sus funciones.

“Es evidente que el gobierno de Peña Nieto está mostrando preocupación por el alcance de las investigaciones que se realizan en Chihuahua, porque tiene claro el nivel de intervención que su gobierno ha tenido en actos de corrupción”.