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Cancelación de NAICM tendría un costo inmediato de 100 mmdp y habría demandas por parte de empresas contratadas, advierte.
Si OHL trasladó dinero ilegal a España “me sumo a la denuncia” en su contra, asegura.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Higinio Martínez Miranda, preguntó a Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por qué no renunció en su momento por motivos morales, éticos, y personales, en el caso del Paso Exprés. No es sólo enfrentar una responsabilidad, había razones suficientes de mucha gente para que usted hubiera presentado su renuncia en ese momento, aseveró.
Consideró que el funcionario se va “con una fuerte, contundente y condenatoria recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “, esa no se la va a poder quitar por un buen tiempo”.
Como parte de la glosa del VI Informe de Gobierno, integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes cuestionaron al secretario Ruiz Esparza, sobre el costo de una posible cancelación del nuevo aeropuerto, Paso Exprés, aumento de tarifas en autopistas, Tren Interurbano México-Toluca, OHL, casos de corrupción, entre otros asuntos.
Claudia Esther Balderas Espinoza, legisladora por Morena, subrayó que la baja de inversión derivó en deficiencias en la construcción de vías primarias, pues suman 53 mil los caminos rurales en malas condiciones, mientras que siete de cada 10 kilómetros, no recibieron mantenimiento suficiente.
A ello, resaltó, se suma la opacidad e incrementos abusivos de peaje, no existe certeza de que en los contratos a empresas privadas se salvaguarde el interés público y preguntó qué mecanismos se han implementado para transparentar las concesiones y obligar a gobiernos estatales y municipales a garantizar la construcción y mantenimiento de caminos rurales.
Juan Antonio Martín del Campo, del PAN, se refirió al abandono del sector carretero, que es prioritario para el desarrollo. En el VI Informe se reconoce el retroceso de la inversión entre 2015 y 2017, lo que afectó sus participaciones en el Producto Interno Bruto (PIB) al pasar de 8 a 6.3 por ciento, comentó.
Señaló que Capufe redujo en 22.2 por ciento la inversión en mantenimiento y ampliación en la red carretera y la calidad de sus condiciones disminuyó de 82 a 76 por ciento, en tanto el aforo vehicular aumentó 31 por ciento de 2013 a 2017. Esto afecta tanto a familias como a empresas.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Ángel García Yáñez resaltó la inversión del gobierno en infraestructura carretera; se planteó construir 52 nuevas autopistas y modernizar 80 carreteras federales con una inversión histórica, resultados que se reconoce al transitar por el país.
Subrayó la actuación de la SCT para permitir la conectividad, luego de diversos fenómenos como el huracán Ingrid. Resaltó que en otros casos, los beneficios de las obras se han visto marcadas por la tragedia, como en el Paso Exprés, en Cuernavaca, Morelos, donde murieron dos personas, por lo que cuestionó ¿por qué no hay funcionarios sancionados?
El senador Juan Quiñones Ruiz cuestionó el avance del nuevo aeropuerto y, en caso de obtener un resultado negativo en la encuesta a aplicarse próximamente, cuánto costará demoler los trabajos, así como el costo de la indemnización del gobierno mexicano a los constructores.
El legislador del Grupo Parlamentario de MC, destacó el abandono al sistema de ferrocarril, así como la mala calidad del Internet y en general de la telefonía móvil en el país.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, preguntó al funcionario que en el tema del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, si se puede diferenciar entre la inversión pagada y la comprometida; además, si la Secretaría a su cargo realizó estudios previos a esta decisión del sitio.
Cuestionó que de resultar viable en la encuesta ciudadana la opción de Santa Lucía, que funcionaría de manera simultánea con el aeropuerto de la CDMX, ¿cuál sería la factibilidad o posibilidad para que operen esos nuevos aeropuertos o si se requerirán nuevos estudios?.
La senadora Eunice Renata Romo Molina, del (PES), dijo que con la reforma en telecomunicaciones, el gobierno garantizó el acceso a las tecnologías de la información y prometió también terminar con las prácticas monopólicas, a través de un contexto de competencia, pero resulta que “seguimos sometidos a los mismos monopolios que han tenido secuestrado al país, desde hace varios años”.
En diciembre del 2013, ejemplificó, inició el Programa México Conectado, a fin conectar todos los sitios y espacios públicos del país. ¿Por qué no hubo prioridad de interconectar a comunidades que no tienen una opción de interconexión?, pues de los 32 estados, el Estado de México resultó el mayor beneficiado con ese programa.
El senador del PRI, Eruviel Ávila Villegas cuestionó al funcionario sobre la calidad, operación, seguridad y conclusión de la obra del Tren Interurbano México-Toluca, ya que se habló de la posibilidad de concluirlo en septiembre del año pasado, “esto no sucedió así” ¿por qué el retraso? ¿Cuándo se tendrá finalmente? “Se dice que el costo del tren resultó tres veces más caro de lo que se calculó al principio ¿Es cierto? y si fuera cierto ¿Es justificable?”
Para el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, el titular de la SCT es protagonista principal de los escándalos de corrupción en la presente administración; “la Secretaría a su cargo ha estado envuelta y el socavón es una buena imagen de ello”. Recordó que en 2016, la SCT transfirió un subsidio de mil 600 millones de pesos al Sistema de Autopistas del Estado de México, justo antes de un año electoral.
Aunado a ello, agrego, está documentado cómo se han utilizado los cuerpos carreteros en el Estado de México, como un fondo sin fin de corrupción, para financiar elecciones. Además, refirió que la subsidiaria OHL México, que pagó un soborno en Suiza de 1.4 millones de euros, con cargo al Circuito Exterior Mexiquense, y cuestionó por qué se le sigue beneficiando con la construcción del Tren México-Toluca y la Autopista Atizapán-Atlacomulco.
Nos enteramos por la justicia suiza que recursos de aquí van a procesos electorales en España. Hace un año no tenemos titular de la PGR y usted ha sido uno de los beneficiados de eso. Sabemos por la justicia de otros países como se lava el dinero y se utiliza en procesos electorales, subrayó.
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
En sus respuestas, Gerardo Ruiz Esparza dijo que el costo inmediato de la cancelación del NAICM sería de 100 mil millones, de los cuales 60 mil se han destinado a obra y 40 mil a materiales ya adquiridos. En tanto, la demolición de lo que se ha construido, y resarcir el daño en el terreno, costaría “varios miles de millones de pesos” más.
Advirtió que se tendrían demandas de las 307 empresas que se verían afectadas, porque operan con créditos nacionales e internacionales; si se cancelan los contratos, habrá que analizar la fórmula para hacerlo y la única forma es la indemnización por la pérdida de los contratos que se tienen en este momento, apuntó.
Refirió que “desde hace sexenios” existen estudios previos realizados por organismos nacionales e internacionales, el más importante el de MITRE, que analizan diferentes lugares para instalar el aeropuerto, los cuales concluyeron que el sitio adecuado es Texcoco.
“Las conclusiones fundamentales, debo decirlo, que la información que yo tengo y que conozco, es que Texcoco es el lugar correcto para que haya un aeropuerto. No es la opinión de un servidor público, sino la opinión técnica de organismos internacionales que son los más importantes para dar una opinión de esta naturaleza”, aclaró.
Opinó que no es posible que un ciudadano pueda dar una respuesta al respecto, puso como ejemplo que si se analizan las corrientes del mar del Océano Pacífico y del Atlántico, es difícil que una persona responda a esa pregunta, ninguno de nosotros estaríamos capacitados para hacerlo, lo mismo pasa con las corrientes áreas.
Recordó que en el estudio de MITRE, Santa Lucía no puede operar simultáneamente al aeropuerto actual, debido a la interferencia de espacios aéreos; es algo que se ha analizado en varias ocasiones, incluso a petición del propio partido que entrará al gobierno, y la respuesta fue que no era factible.
El secretario comentó que si resulta Santa Lucía, en los estudios que se están haciendo, se deberá realizar un análisis totalmente técnico sobre la factibilidad de la operación simultánea.
Informó que de acuerdo con la empresa Parsons, el avance real de la construcción del nuevo aeropuerto es de 31.8 por ciento y su término está previsto para diciembre de 2021; sin embargo, dijo, hay discusión sobre si se tomaron en cuenta algunos elementos, o no, para realizar tal medición, “pero lo importante es la cifra oficial que Parsons reporta”.
Ruiz Esparza aclaró que la fecha de diciembre de 2021, para terminar la obra, va a requerir de seis meses más, es decir, hasta junio de 2022, debido a que se tiene que certificar, “porque un aeropuerto no puede abrir de la noche a la mañana sus puertas sin estar certificado por autoridades nacionales e internacionales”
En cuanto al impacto ecológico, respondió que “toda obra, y hasta respirar, tiene un costo ambiental”. Lo importante, precisó, es que en este proyecto se ha cuidado esa parte “como un tesoro” y “estamos tratando de que sea un aeropuerto LEED Platinum, que significa totalmente amigable con el medio ambiente”. Negó que el lago Nabor Carrillo desaparezca.
También aseguró que la obra se financia con la Tarifa de Uso Aeroportuario que se cobra a los 44 millones de usuarios de la actual terminal aérea, por lo que “alcanza para pagar la construcción del nuevo aeropuerto”.
Caso Paso Exprés
En otro tema, Ruiz Esparza reconoció que el caso del Paso Exprés “es uno de los momentos más difíciles de la Secretaría” y reveló: “ya pedí perdón a la familia”. “Se me ha preguntado por qué no renuncie, pero no es huirle al problema: es enfrentarlo y afrontarlo, es hacerle frente al problema como se le hizo en lo personal y todos los funcionarios involucrados”, mencionó.
Aumento de tarifas
Respecto al incremento de las tarifas en las autopistas, explicó que fue una decisión del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), fideicomiso que depende de Banobras y de Hacienda, el cual tiene la obligación de actualizar dichas cuotas.
Precisó que los bancos exigen que los concesionarios de autopistas actualizar sus cobros, ya que sus inversiones han sido respaldadas por créditos bancarios.
Casos de corrupción
En materia de corrupción, dijo que en caso de que alguien conozca de algún caso de corrupción en la Secretaría “con gusto lo acompaño ante la autoridad para presentar una denuncia”.
Me interesa tanto como a usted que no haya estos casos y he invitado a las cámaras y a los contratistas que trabajan para la SCT que si alguien les ha pedido un centavo a cambio de algo, que lo digan, con gusto me sumo a esa denuncia, porque es algo que nadie quiere ver, que le hace daño al país y me sumo al tema, expresó.
Respecto al subsidió de mil 600 millones, expuso que se trató de un “acuerdo ajeno” que se dio con administraciones anteriores; “no conozco su destino” y no “está en mi competencia”.
Sobre OHL, Ruiz Esparza dijo que si hubo traslado de dinero ilegal a España por parte de esta empresa “me sumo a la denuncia, vayamos a denunciar a OHL por haber transmitido dinero ilegal” a ese país.
Aclaró que no tiene conocimiento de esta situación, pero insistió “si lo hizo, y lo hizo indebidamente, me sumo a una denuncia en contra de la empresa”.
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