Ante la falta de una legislación en materia de vivienda, los criterios con los que operan los programas de Vivienda Rural y Apoyo a la Vivienda, resultan discrecionales.

Es necesario que la utilización de estos recursos federales deba transparentarse.


A fin de garantizar el acceso de todos los mexicanos a la vivienda, la Comisión Permanente hizo un llamado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), para que revisen y evalúen las reglas de operación del Programa de Vivienda Rural, con el objeto de que se respete este derecho humano para la población del país.

El dictamen también le solicita a la Sedatu y al Fonhapo un informe sobre la operación de los Programas de Vivienda Rural, y Apoyo a la Vivienda.

Lo anterior, debido a que la Gerencia de Operaciones del Fonhapo en contubernio con las delegaciones de la Sedatu actúan bajo criterios de discrecionalidad en la asignación de acciones de vivienda, sin apegarse a la reglas de operación., advierte la propuesta.

En este sentido, se indica que las reglas de operación no son observadas estrictamente por parte de las instancias del gobierno federal involucradas en el programa, generado un ambiente de ilegalidad y opacidad, por ello es fundamental que la utilización de estos recursos federales deba transparentarse.

En la exposición de motivos, se señala que se tiene conocimiento de que personas que nos son servidores públicos tienen clave de acceso al sistema, con la que pueden ingresar datos al mismo, violando con ello la integridad y veracidad del programa; situación que debe ser aclarada.

Se subraya que actualmente no se cuenta con las normas oficiales mexicanas en materia de vivienda, y tampoco existen reglamentos de construcción en los municipios, lo que resulta discrecional la calificación de las solicitudes de vivienda.

La situación de la población objeto del Programa de Vivienda Rural, es realmente angustiante: son hogares que subsisten con muy escasos recursos y cuyas viviendas presentan muchas carencias, como piso de tierra, el material de techo es de lámina de cartón o desechos.

Se refiere que hay solicitudes de personas en extrema pobreza que no han sido atendidas en dos y tres años; ejemplos en los que no cabe la respuesta de que no fueron aceptadas.

Por tal motivo es fundamental que nuestro país realice un mayor esfuerzo para abatir el rezago de vivienda y, sobre todo, de la población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación y de ser necesario que sean modificadas las reglas de operación bajo las cuales operan los programas de vivienda en el país, puntualiza el dictamen aprobado el pasado 3 de agosto.