• Formar jueces especializados en el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

• El mayor reto en materia de infancia que enfrenta actualmente el país, es la emisión de una nueva legislación general

Durante la primera mesa del foro “Protección de los derechos humanos en sede jurisdiccional: Guía para la labor legislativa”, la senadora del PRD, Angélica De la Peña Gómez dijo que es necesario crear un sistema que articule de manera explícita políticas transversales, con un enfoque de derechos humanos, perspectiva infantil y de género, para que realmente se note un Estado propicio para el desarrollo integral de la niñez.

Se trabaja ya en una reforma a la Ley General para el Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores, que garantice unificar un sistema; que las autoridades tengan una sola ley para la reinserción social de quienes transgreden los ordenamientos, y formar jueces especializados en el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, desde una perspectiva de la infancia, sustentada en los tratados existentes.

De la Peña Gómez manifestó que es indispensable hacer una diferencia clara en el sistema, porque las afectaciones a un niño no son iguales a las de una niña: “hay que visibilizar a las niñas, crear un capítulo específico que oriente a los jueces sobre la diferencia entre la discriminación de género, porque esta perspectiva es fundamental para la formación de los funcionarios”.

La representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, Alison Sutton afirmó que el mayor reto en materia de infancia que enfrenta actualmente el país, es la emisión de una nueva legislación general, que permita homologar el marco jurídico en la materia, establezca los mecanismos necesarios para su aplicación y sustente la conformación de un sistema integral para la protección de derechos que requiere la infancia y adolescencia en México.

La legislación actual ha sido insuficiente para sostener un verdadero sistema integral, ya que divide al régimen constitucional de competencias y delega en términos muy amplios a la federación, los estados y municipios la obligación de concretar mecanismos de efectividad, sin establecer lineamientos claros y uniformes para ello.

Añadió que la nueva legislación debe permitir la reinstauración de los derechos de la infancia cuando estos sean transgredidos, así como establecer disposiciones concretas para comprometer el gasto público en la implementación de programas y articulación de las políticas.

El coordinador de Derechos Humanos y asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de la Nación, Carlos Pérez Vázquez, dijo que entre los retos que tiene el Congreso se encuentra la armonización de la legislación nacional y estatal con la convención de los derechos del niño, “ya que es necesario que se retomen los principios generales ya reconocidos e incorporar los elementos de contenidos mínimos”.

Refirió que el protocolo tiene el propósito de hacer cumplir las obligaciones del Estado para garantizar el pleno acceso al desarrollo infantil como un concepto integral en la vida de los niños, garantizando la igualdad, adecuando los sistemas, procedimientos y políticas, para que sean enfocados a un grupo específico.

La directora General de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, Margarita Griesbach expresó que se requiere de una articulación concreta en el cumplimiento de obligaciones de todos los niveles e instancias del Estado, “donde las políticas en la materia aterricen de forma cada vez más completa”

Para que el niño pueda ejercer sus derechos de manera integral, requiere de una serie de instituciones diversificadas y complementarias, finalizó.