• Falta de recursos pone en riesgo a indígenas afectadas por este tipo de agresión, advierte diputada González Suástegui

• Cámara de Diputados deberá apoyar la “Ciudad de las Mujeres” en el PEF 2018, para que reciban asistencia adecuada

La diputada Guadalupe González Suástegui (PAN), presidenta del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), alertó que la falta de presupuesto para la eficiente operación de los centros “Ciudad de las Mujeres”, pone en riesgo a víctimas de violencia de género, principalmente indígenas.

Ante ello, presentó ante la Comisión Permanente -y fue aprobado- un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a que atienda el problema de insuficiencia de recursos de la “Ciudad de las Mujeres”, particularmente la ubicada en Tlapa de Comonfort, Guerrero, lo cual ha impedido implementar su operación de manera integral.

De igual forma, se insta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, una partida específica para este centro de asistencia.

El objetivo, establece el documento, es que se brinde una adecuada asistencia médica, legal y psicológica a mujeres, así como sirva de refugio a aquellas que huyen de sus hogares, víctimas de violencia de género.

El punto de acuerdo destaca la importancia de crear espacios donde las mujeres puedan ejercer sus derechos de manera plena, y alcanzar su progreso pleno, especialmente las indígenas, a quienes se les limitan condiciones y acceso a oportunidades de desarrollo.

González Suástegui subrayó la importancia de resolver el conflicto particular de la “Ciudad de las Mujeres” situada en Tlapa de Comonfort, porque, aseguró, la escasez de recursos presupuestales pone en riesgo el derecho a la justicia de más de mil 500 mujeres indígenas, de 19 municipios de la montaña alta de Guerrero.

Recordó que en ese mismo centro de ayuda, se redujo en 10 por ciento el salario de 30 servidores públicos, además de que se les adeudan los últimos cuatro meses de sueldo.

La legisladora señaló que, igualmente, a los trabajadores “les fue notificado que la mitad del personal sería despedido, sin posibilidad de liquidación, y que “a quienes permanezcan en sus puestos se les disminuirán a la mitad sus pagos”.

De ahí, concluyó, la relevancia de que la Sedatu tome cartas en el asunto de este centro guerrerense de ayuda a mujeres víctimas de la violencia de género, cuya insuficiencia de recursos obstaculiza la posibilidad de ofrecer un apoyo amplio y eficaz para este sector de la población.