Familiares de Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa fallecido durante los acontecimientos de Iguala, Guerrero, pidieron a diputados federales “asumir su papel” y contribuir a que prevalezca la justicia y el Estado de derecho contra la impunidad que aqueja a muchos ciudadanos. Es “un cáncer nacional” que ocurre en mayor o menor medida en todas las regiones del país, afirmaron.

En reunión con la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa, Lenin Mondragón (hermano), Cuauhtémoc Mondragón y Cuitláhuac Mondragón (tíos), Marissa Mendoza (esposa) y Olivia Mendoza (cuñada), subrayaron, a diferencia de lo que han dicho algunos medios de comunicación, “no queremos divisionismo, ni sangre, pues condenamos la venganza. Queremos creer en las instituciones a través de conocer la verdad”.

Instaron al órgano legislativo, que preside la diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN), a pronunciarse a favor de la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y del Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes han aportado pruebas importantes en el conocimiento del caso.

Los familiares de César Mondragón, torturado y asesinado en Iguala el 26 de septiembre de 2014, solicitaron al Congreso de la Unión elaborar las leyes necesarias para prevenir y sancionar la tortura en el país. Así dijeron, se contará con protocolos adecuados que den cauce al caso de César Mondragón, quien, presuntamente, fue desollado del rostro cuando aún se encontraba con vida.

Asimismo, pidieron que la Comisión colabore a mejorar las condiciones del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, de Iguala, Guerrero, ya que la falta de fotocopiado, internet, computadoras, fax e incluso agua, han impedido agilizar el litigio de las causas penales del Caso Ayotzinapa.

Los familiares de César Mondragón y su representante legal, Sayuri Herrera, invitaron a la comisión a participar con ellos, ya que no han contado con apoyo de ninguna instancia en el esclarecimiento del caso.

“Luchamos por que la justicia no sea solamente para Julio César o por los 43 normalistas. Queremos que los mexicanos nos volvamos a ver de frente”, aclaró Cuauhtémoc Mondragón, quien demandó cumplir los estándares internacionales y el derecho constitucional para encontrar la verdad de los hechos de Iguala, Guerrero.

La diputada Murguía Gutiérrez indicó que la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, no sólo se detuvo a 43 muchachos que actualmente están en desaparición forzada; además, resultaron heridas, cuando menos, otras 33 y se privó de la vida a seis personas, entre ellos, Julio César Mondragón Fontes, quien fue detenido, torturado y ejecutado.

Indicó que su autopsia reveló visibles muestras de tortura. En un peritaje realizado por el profesor de medicina legal de la universidad del país Vasco, Francisco Echeverría, se reportó que algunas lesiones que presentaba el joven normalista, se dieron todavía en vida.

Precisó que según la autopsia, el cuerpo presentaba heridas de la cara que serían post mortem, sin que se haya determinado si fueron maniobras intencionales o por fauna, y que el mecanismo de producción podría ser motivo de estudio de una segunda autopsia, que recomendó el GIEI a la PGR, con la participación de expertos de esa institución y del Equipo Argentino de Antropología Forense.

“La recomendación fue atendida por las autoridades y queremos conocer la opinión de la familia de Julio César sobre los resultaos obtenidos”, comentó.

Reiteró su disposición a colaborar con los familiares “para encontrar la verdad, esclarecer su detención, tortura y ejecución. Verdad y justicia es lo que buscamos”.

Pidió conocer la opinión de los familiares sobre las dificultades que enfrentan para dar con los responsables de ese homicidio, así como los obstáculos a vencer en el proceso de atención y justa indemnización a los deudos.

La diputada Cristina Gaytán Hernández (PRD) indicó que parte del trabajo de esta comisión es garantizar que lo que dicen las autoridades de verdad ocurra y se atiendan las demandas de las víctimas. Preguntó en dónde va este tema, particularmente con la reparación del daño y la atención que han recibido de la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero.

Marissa Mendoza Cahuantzi afirmó que no ha recibido atención al 100 por ciento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que han tenido dificultades para obtener la leche de su hija; además, se le han proporcionado insumos insuficientes y sólo le expiden los oficios que le solicitan en su trabajo para justificar faltas cuando tiene que presentarse en instancias federales.

Enseguida, la diputada Araceli Damián González (Morena) opinó que la Comisión debe pugnar por que la PGR atraiga el caso, pues no se puede seguir manejando como homicidio calificado y del fuero común, pues aunque hay que esperar el dictamen de los peritos, se debe “reconocer la condición de tortura a que fue sometido el cuerpo de Julio César”. Además, propuso que se concentren todos los casos penales en un sólo juzgado, porque “no puede continuar la investigación cuando todo está tan disperso”.

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (PRI) afirmó que la comisión actuará con toda seriedad para, derivado de los señalamientos vertidos en esta reunión, se hagan recomendaciones a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se comprometió a que de este encuentro surjan acciones concretas “para que vean que es una instancia adecuada, cuantas veces sea necesario, para dar seguimiento a este acercamiento”.

La diputada Marbella Toledo Ibarra (Movimiento Ciudadano) afirmó que la comisión ha tenido “pasos pequeños”, pero han sido una vía para que exista una eficaz reparación del daño y atención a víctimas, se comprometió a dar mayores insumos a los juzgados de Guerrero para recortar los tiempos de atención a las denuncias ciudadanas.