Se aplicaría para quienes se haya ejercitado acción penal, y no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en su lengua.

De ser aprobada se revocarían las órdenes de aprehensión pendientes, y pondría en libertad a los procesados.

Actualmente en el país hay 10 mil indígenas encarcelados en espera de una sentencia y, en la mayoría de los casos, no tuvieron acceso a un intérprete o traductor, señaló el senador Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Presentó una iniciativa para expedir la Ley de Amnistía en favor de todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas a las que se haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal, y que durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional en que sean hablantes.

La propuesta de Ley consta de tres artículos y extinguiría lisa y llanamente las acciones penales y las sanciones impuestas; e incluye a aquellos que durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción en su lengua indígena nacional.

La iniciativa establece que las autoridades judiciales y administrativas competentes, deberán revocar las órdenes de aprehensión pendientes, y pondrán en libertad a los procesados o sentenciados.

Clemente Castañeda explicó al Pleno que existen rezagos, en distintas materias, lo que reproduce una situación de vulnerabilidad y exclusión hacia los pueblos indígenas.

Faltan mecanismos y políticas que garanticen su acceso pleno a la jurisdicción del Estado, y queda demostrado con que en México hay un sólo defensor público federal por cada 600 mil habitantes indígenas, comentó.

En México hay 24.4 millones de personas, de 3 años y más, que se auto reconocen indígenas, y representan 21.5 por ciento de la población; la mayoría se concentran en Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero e Hidalgo, e integran 68 grupos lingüísticos.

La mayoría de los intérpretes y traductores del “Padrón nacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas (Panitli), “no son ocupados por la justicia mexicana, pues las fiscalías o ministerios públicos locales carecen de recursos para pagar sus honorarios o traslados, dejando de lado un apoyo necesario para la defensa del indígena en reclusión”, dijo.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y respectivo dictamen.

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