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A quienes realicen alguna de estas prácticas se les aplicará prisión preventiva sin derecho a fianza.
El senador Javier May Rodríguez propuso reformar el artículo 19 de la Constitución, con el objetivo de elevar a rango de delitos graves aquéllos que se cometan en materias de corrupción y electoral, así como el robo de hidrocarburos y la portación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas.
La iniciativa, cuyo autor es el senador Ricardo Monreal Ávila, también establece que cuando se trate de estos ilícitos, el juez podrá ordenar la prisión preventiva oficiosa y sin derecho a fianza.
May Rodríguez dijo que es fuerte el reclamo social en materia de combate a la corrupción y a la impunidad; de ahí la necesidad de establecer nuevas reglas procesales que se apliquen a los servidores públicos sometidos a juicio por hechos de corrupción.
Dijo que esta Legislatura debe atender el llamado de la sociedad para que se revise y corrija la grave situación que generan los delitos de corrupción, los que se llevan a cabo contra del correcto desarrollo de los procesos electorales, los de carácter penal, que constituyen grave riesgo para la seguridad pública, como el robo de hidrocarburos y los que involucran el uso y tráfico de armas de fuego y explosivos.
En concreto, precisó, se propone que se sometan a prisión preventiva para enfrentar el proceso que se les siga cuando existan pruebas suficientes que evidencien la comisión directa o la participación de los referidos servidores públicos en la realización de dichas conductas.
Opinó que los legisladores deben atender al cuidado y protección de bienes jurídicos trascendentales, por lo que una manera de hacerlo es analizando la realidad constantemente, a fin de valorar y, en su caso, incluir nuevas conductas que atenten gravemente contra el bienestar social, “como las que son materia del presente proyecto de reforma constitucional”.
En la iniciativa se menciona que los ilícitos en materia de hidrocarburos ha impactado severamente en las condiciones de seguridad pública, debido a que la comisión de ese delito está vinculada a otras conductas ilícitas que atentan gravemente contra la vida de las comunidades y los centros de población.
Se señala que para fortalecer las instituciones democráticas y lograr la observancia de los principios que rigen la materia electoral, se propone endurecer los procedimientos penales que se sigan como consecuencia de la comisión de delitos durante el desarrollo de la actividad más significativa de la democracia: los procesos electorales.
“Permitir que quienes cometan delitos electorales sigan su juicio en libertad, contribuye a dar incentivos a la realización de tales conductas ilícitas, mismas que afectan gravemente no sólo a las instituciones electorales, sino a aquellas del Estado mexicano que se utilizan como medio para la realización de este tipo de conductas delictivas y van en detrimento del patrimonio de las mismas y de todos los mexicanos”, se subraya.
Previamente, en entrevista, el senador Ricardo Monreal Ávila explicó que esta propuesta es importante y “tiene que ver con nuestra propuesta programática de elevar a delitos graves el llamado huachicoleo, los delitos de corrupción y electorales, con prisión preventiva oficiosa, es decir, que no podrán tener derecho a fianza”.
La iniciativa se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos.
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