PGJDF aportó pruebas en el pliego de consignación
Amenazaron con causar dañar a familiares si no les entregaba dinero
Juez de primera instancia les dictó auto de formal prisión

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fue notificada del auto de formal prisión dictado contra dos sujetos que presuntamente cobraron dinero en efectivo a una persona para no causarle daño a su familia. Uno de ellos ex elemento policiaco.

Informes de la Subprocuraduría de Procesos indican que Felipe Carmona Dávila y Lucio González Pérez, enfrentarán proceso de tipo sumario, como probables responsables del delito de extorsión agravada.

Dicha resolución fue emitida por el Juez 21 Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, bajo la causa penal 248/2014.

ANTECEDENTES

El pasado mes de octubre, el afectado salió de un restaurante, localizado en calles de Barrio de San Miguel, delegación Iztapalapa, cuando fue interceptado por los indiciados, quienes se ostentaron como elementos policiacos.

Los sujetos le indicaron que su vehículo tenía problemas legales, por lo que le exigieron dinero para no perjudicarlo a él y sus familiares.

Días después, la víctima recibió llamadas telefónicas donde los inculpados lo amenazaron con causarle daño si no les entregaba otra cantidad en efectivo, ante el temor de que cumplieran sus amenazas decidió darles su vehículo.

El agraviado fue citado por Felipe Carmona y Lucio González, en la colonia Vicente Guerrero, de la mencionada demarcación, para entregar dinero producto de la extorsión, donde fueron detenidos por elementos de la Policía de Investigación a bordo de una camioneta Hummer.

Cabe mencionar que Carmona Dávila fungió como elemento policiaco en el Estado de México, además de contar con un ingreso a reclusorio de dicha entidad federativa por el delito de cohecho en el año 2006.

La presente información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

Los presentados tienen el carácter de probables responsables, que no implica responsabilidad penal hasta que, en su caso, lo determine la autoridad jurisdiccional.