- Altos niveles de impunidad en delitos como trata, abuso sexual y violencia intrafamiliar

- Persiste baja utilización de sistema judicial por temor a maltrato y desconfianza en autoridades

- Centros especializados pondrían a México a la vanguardia: diputada Aguilar Gil

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT), secretaria de la Comisión de Justicia, planteó la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres, ante los altos niveles de impunidad en delitos como violencia intrafamiliar, acoso, abuso sexual y trata de personas que padecen.

La legisladora refirió que, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las mujeres en México recurren poco al sistema de justicia por desconfianza a que las autoridades resuelvan los casos, y temor a ser maltratadas al presentar sus denuncias.

Además, existe un número ínfimo de sentencias condenatorias en comparación con la elevada cifra de denuncias y la prevalencia del delito, agregó la diputada federal por Chihuahua.

Por ello, propuso reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer la creación de esos centros especializados, que permitirían posicionar a México como el primer país en implementar instancias de esta naturaleza para eliminar tales injusticias.

Serían de alcance nacional, contarían con estrategias efectivas e innovadoras de prevención y atención a la violencia contra la mujer, y mecanismos adecuados para la detección oportuna de actos violentos, a fin de que las victimas accedan a la atención y justicia necesaria para reducir, contener o revertir daños y secuelas.

La diputada detalló que los centros de justicia deberán facilitar a las mujeres transitar de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía “que se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades”.

Los Centros de Justicia para las Mujeres acatarían las recomendaciones hechas a México por la Convención para Prevenir y Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw-ONU), para “mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y garantizar sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables”.

La CIDH observa que entre las deficiencias que afectan negativamente el acceso de las mujeres a la justicia está la consideración, por parte de autoridades, de que estos casos de violencia no son prioritarios, y la descalificación de las víctimas.

También se encuentra la falta de programas de capacitación para funcionarios que atiendan a las víctimas de violencia; la debilidad de los ministerios públicos e instancias policiales involucradas en la investigación de los delitos, y la inexistencia de unidades fiscales especiales.

Ante dichas carencias, “es necesaria una respuesta integral y coordinada para atender a estas mujeres, con independencia de la familia”, acota la iniciativa de Aguilar Gil turnada a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.