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A las víctimas les aseguraremos acceso a la verdad, justicia, reparación del daño y no repetición: Olga Sánchez Cordero.
Ante la actual coyuntura en materia de inseguridad y el desgaste de las instituciones, la senadora Olga Sánchez Cordero, a nombre de los senadores Ricardo Monreal, Julio Menchaca Salazar y el grupo parlamentario de MORENA, presentó una iniciativa que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual busca garantizar los derechos fundamentales de las víctimas, golpeadas por la violencia brutal que afecta a nuestro país.
“A las víctimas les aseguraremos el acceso a la verdad, a la justicia, la reparación integral y a la garantía de no repetición”, sentenció desde la Tribuna del Senado de la República.
La senadora Olga Sánchez explicó que con esta nueva Ley los ejes rectores de la nueva Fiscalía serán autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad.
“Es fundamental para el desarrollo democrático de nuestro país contar con una Fiscalía autónoma que destierre de una vez por todas los vicios que han sido distintivos de la actual Procuraduría”, indicó.
La legisladora subrayó que contrario al esquema de trabajo de la actual PGR, cuya actuación ha sido opaca, el fiscal general estará obligado a presentar, al inicio de su gestión, al Senado de la República y a la sociedad en general, un plan de persecución penal cuyas directrices serán: orientar a las atribuciones institucionales considerando las prioridades nacionales establecidas en la política nacional, analizar la situación de la incidencia delictiva relacionada con los fenómenos criminales, metas de corto, mediano y largo plazo priorizando las políticas de atención a víctimas.
Reconoció que los retos que enfrenta el país en materia de procuración de justicia sólo pueden ser resueltos con la colaboración conjunta de todos los órdenes del Estado y la sociedad civil. Dijo que a través del Consejo Técnico, que estará integrado por 5 ciudadanos expertos en procuración de justicia, derecho penal, y fenómenos delictivos y en ciencias penales, entre otras disciplinas, la sociedad civil podrá dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan de Persecución Penal que presente el fiscal general así como de los programas anuales de trabajo a efecto de evaluar su implementación.
Olga Sánchez resaltó que una novedad que presenta esta iniciativa, es la “flexibilidad” en la investigación y en la persecución penal, es decir, se eliminan la rigidez con la que se desarrollan actualmente las pesquisas, dotando a los equipos de investigación de recursos humanos multidisciplinarios atendiendo al fenómeno delictivo investigado.
“Es así que la nueva visión que tenemos es sobre la necesidad que tiene la fiscalía de adaptarse a los fenómenos delictivos con rapidez y con la celeridad que se requieren. Por eso se proponen la creación de equipos ordinarios de investigación y litigación, además de equipos mixtos”, abundó.
Sánchez Cordero detalló que cada uno de estos equipos contará con una unidad de análisis y de contexto que se encargará de la identificación de patrones de actuación reiterada, temática o generalizada sobre ciertas estructuras o fenómenos criminales.
Dijo que a través de esta Ley, el Estado mexicano reitera a la comunidad internacional su disposición a colaborar con los organismos extranjeros, sin violentar la soberanía nacional, atendiendo los derechos de las víctimas y de los ofendidos.
El documento contempla que, además de la Fiscalía General de la República, habrá cuatro fiscalías más: la de Derechos Humanos, la de Delitos Electorales, la de Combate a la Corrupción y la de Asuntos Internos. Se contará con fiscalías especializadas y una coordinación de Investigación y Persecución Penal.
Destacó que, por primera vez, en la historia la Fiscalía General de la República contará con fiscalías especializadas en niños, niñas y adolescentes y la perspectiva de género esta transversalmente orientada en toda la Ley.
La nueva Ley Orgánica contempla que el fiscal general de la República será removido del cargo por causas graves, entre ellas, cuando de manera sistemática no se cumplan con los objetivos establecidos en el plan de Persecución Penal; participe en el ataque a las instituciones democráticas y a la forma de gobierno republicano y federal; y participe, tolere, consienta o apoye violaciones graves a los derechos.
En el artículo Décimo Segundo Transitorio se establece que el personal adscrito a la PGR continuará en la función que desempeña y tendrá derecho a participar en el proceso de selección para acceder al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República.
En el numeral IV se precisa que “el Plan Estratégico de Transición garantizará condiciones dignas y apegadas a la ley para la liquidación del personal adscrito a la Procuraduría General de la República que decida concluir su relación laboral o no acceder al Servicio Profesional de Carrera.
El personal que no apruebe los procesos de selección del Servicio Profesional de Carrera dejará de formar parte de la Fiscalía General de la República”.
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