- Garantizar inclusión de derechos de las personas con discapacidad en la Ley de Planeación

- La Comisión Permanente turnó la iniciativa a las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera

Con el propósito de entender la necesidad de las personas con discapacidad y cumplir con sus derechos reconocidos en tratados internacionales, en el marco jurídico nacional y en plena congruencia con la armonización legislativa, la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del PRI, planteó reformas a la Ley de Planeación.

La propuesta, explicó, busca garantizar que las acciones de planeación a favor del respeto de los derechos de las personas con discapacidad -contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)- sean continuas y que, más allá de la voluntad de los gobernantes, estén fundamentadas en la Ley de Planeación al establecer la inclusión de sus derechos como uno de sus principios rectores.

El PND 2013-2018 tutela la programación y presupuesto de la Administración Pública Federal, y entre las acciones que contempla para el actual sexenio, establece por primera vez en la historia del país, la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Al respecto, la senadora de Coahuila destacó el apartado denominado México Incluyente, cuyo objetivo es transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, en el que se contempla como estrategia la protección de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.

Subrayó en su iniciativa presentada en la Comisión Permanente que para potenciar las capacidades de las personas con discapacidad y promover una real inclusión, es necesario proporcionarles mayores elementos y herramientas para que se puedan valer por sí mismas y en igualdad de condiciones.

En ese sentido, informó que de acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el país hay 7.7 millones de personas con discapacidad, de las cuales 5.7 millones viven en miseria, 2.2 millones en pobreza alimentaria y 3.8 enfrentan rezago educativo.
Por ello la importancia de fortalecer el marco jurídico nacional para garantizar que en todos los gobiernos, la inclusión de las personas con discapacidad sea un principio que deba de contemplarse en su planeación gubernamental.

Asimismo, destacó el trabajo del Senado de la República a favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad, como el acceso a la información en igualdad de condiciones a través de los instrumentos y tecnologías idóneos, y la adecuación de los términos y derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el marco normativo nacional, en las diversas materias, entre otros.

La Comisión Permanente turnó la iniciativa a las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.