También avanza proyecto para incorporar al trabajador social como actor fundamental del sistema educativo.

La Comisión de Estudios Legislativos, que preside el senador Manuel Añorve Baños, aprobó una minuta que busca garantizar la protección y derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, susceptibles de obtener la condición de refugiados.

El proyecto que envió la Cámara de Diputados al Senado también establece el Sistema Municipal de Protección de menores, para que en este nivel de gobierno se promueva la política pública bajo el interés superior de la infancia.

Se trata de reformas a los artículos 98 y 99 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la adición de un artículo cuatro a dicho ordenamiento.

Dispone que en caso que los Sistemas DIF identifiquen a infantes extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de la condición de refugiado o de asilo, lo comunicarán al Instituto Nacional de Migración quien, en colaboración con una Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, adoptarán medidas de protección especial.

En la misma reunión de trabajo, la Comisión de Estudios Legislativos dio su respaldo a la iniciativa que propuso el senador Martí Batres para incorporar al trabajador social como un actor fundamental en la educación básica y de nivel medio superior.

Es un proyecto para modificar los artículos 2, 12, 20, 21, 67 y 69 de la Ley General de Educación. Con ello, cada escuela deberá contar con al menos un trabajador social con título de licenciatura, responsable de la atención de individuos o grupos en riesgo de presentar problemas sociales, académicos o acoso escolar.

“Será un profesionista con formación teórica interdisciplinaria, de carácter humanista, con profundo respeto por la dignidad de todas las personas y con capacidad para contribuir al bienestar social del estudiante, su familia y comunidad”, precisa.