El Senado aprobó exhortar a los poderes Ejecutivo Federal y estatales a que realicen acciones afirmativas para integrar su gabinete con un mayor número de mujeres, con el objetivo de que éstas tengan una participación igualitaria en la toma de decisiones políticas de nuestro país.

En efecto, el Estado mexicano se encuentra obligado por la Constitución y la ratificación de convenciones internacionales a fomentar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, por lo que debe poner todos los medios para alcanzar este fin en los hechos.

No obstante, entre 1980 y 2012, sólo 23 mujeres han ocupado el cargo de secretarias de Estado, 6 han sido gobernadoras y únicamente 5 han contendido por la Presidencia de la República, sin que ninguna haya logrado obtener el cargo.

De esta manera, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que colocó por primera vez la perspectiva de género como el eje transversal de la programación gubernamental, representa una buena oportunidad para que México dé un paso hacia garantizar la plena participación y el liderazgo de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres.

Incluso, se debe tomar en cuenta la reforma constitucional en materia política electoral que modificó el artículo 41 constitucional a efecto de establecer la paridad entre ambos géneros para la elección de candidaturas tanto de diputaciones como de senadurías.

En este sentido, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ratificada por México en 1981, indica que la política gubernamental sólo será amplia y eficaz cuando la mujer esté ampliamente representada en las categorías superiores de gobierno, lo cual incluye no sólo al Poder Legislativo sino a todos los poderes que conforman el Estado.

Así, el exhorto, promovido por la Comisión de Igualdad de Género, busca que la representación de las mujeres mexicanas en los gabinetes de gobierno refleje el número de mujeres que conforman a la sociedad, a fin de impulsar un cambio político, social y cultural con visión de género desde los más altos niveles de la administración pública.