Los senadores del PRD, Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho Solís, presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar al Ejecutivo Federal un informe detallado sobre los encuentros y alcances de las actividades de agentes antidrogas estadounidenses que operan en territorio mexicano.

Además pidieron que la Procuraduría General de la República inicie una investigación respecto de las presuntas reuniones de agentes de la DEA con narcotraficantes mexicanos y, en su caso, finque responsabilidades por los hechos ocurridos.

“La cooperación bilateral y la política de seguridad del gobierno deben transparentarse, ser sujeto de un efectivo control parlamentario y de la opinión pública”, señalaron.

En el documento presentado a la Comisión Permanente, se explica que de acuerdo con información publicada por el periódico El Universal, durante los últimos años la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y otras autoridades de ese país, se reunieron y negociaron en secreto con miembros de cárteles del narcotráfico para obtener información de organizaciones rivales.

“Basada en documentos oficiales de ambos países, las notas contienen abundantes datos respecto a que el gobierno de Estados Unidos, a través de diversas agencias, pudo haber pactado con los cárteles del narcotráfico, que lo ha hecho en territorio nacional en abierta violación a la Constitución y las leyes mexicanas”, detalla el Punto de Acuerdo.

Lo grave, se enfatiza, es que ninguna autoridad mexicana reportó al Congreso de la Unión esos encuentros y tampoco se ha abierto ninguna investigación al respecto, como no ha ocurrido en los casos de espionaje y otros delitos cometidos a favor de la protección de intereses norteamericanos, agrega.

En este sentido, los legisladores perredistas recordaron que desde hace tiempo se ha insistido en la necesidad de informar al Senado sobre los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad, sin que el gobierno haya respondido con la seriedad y urgencia que reclama la situación en la que se vive.

“En la información publicada abundan nombres, fechas y lugares de las reuniones de los estadounidenses con delincuentes mexicanos en nuestro territorio”, explican los legisladores del PRD.

Ambos senadores coincidieron que este tipo de acciones no se detendrán en tanto el gobierno mexicano deje pasar, como si no existieran, las violaciones a la ley que ocurren con el pretexto de la cooperación.

“En un momento como el que vive hoy nuestro país en Michoacán, es indispensable retomar el rumbo del Estado de derecho y de la sujeción al orden constitucional”, mencionaron.

El punto de acuerdo fue turnado a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente para su análisis y posterior dictamen.